Al menos seis militares son procesados por la justicia civil por el delito de homicidio calificado con agravante de ventaja al ser involucrados en el asesinato de dos estudiantes –uno de ellos saltillense- del Tec de Monterrey campus Monterrey, el cual data desde marzo de 2010.

Según los padres de Jorge Mercado, el alumno saltillense que falleció, en el proceso legal que se sigue en el Juzgado 4 de lo Penal en Monterrey, tres soldados ya se encuentran detenidos, dos más están prófugos y uno más está desaparecido. 

Mercado y Javier Arredondo fallecieron el 19 de marzo de 2010, luego de que militares se enfrentaran con presuntos delincuentes. Los jóvenes –completamente ajenos a los hechos- salían de las instalaciones del Tecnológico de Monterrey cuando fueron agredidos a balazos por militares, según han referido autoridades federales y la CNDH. 

Ayer se llevó a cabo una audiencia en el juzgado donde se lleva el proceso. Por lo que se conoce, los tres militares que están detenidos, fueron apresados desde finales de octubre del año pasado, por lo que han recibido el auto de formal prisión.  

VANGUARDIA publicó en marzo de 2016, que la investigación se encontraba congelada, pese a que la PGR tenía lista la carpeta de investigación para ser llevada ante la justicia civil. 

La muerte de estos dos jóvenes sería uno de los primeros casos en los que elementos de las fuerzas armadas que son señalados por cometer algún crimen en contra de civiles, son procesados por la justicia civil. 

En 2013, este hecho ya había sido procesado a través de la justicia militar. Familiares de Jorge Mercado informaron que el único militar que había sido detenido, quedó en libertad tras ser exonerado. 

En Nuevo León se conocen al menos otros dos casos en donde la justicia civil ha procesado a militares. 

En los últimos dos años se han procesado a seis militares por dos asesinatos: uno ocurrido en marzo de 2010, en contra de una pareja de operarios en el Municipio de Anáhuac. Otro es el del joven Jorge Otilio Cantú, quien fue acribillado en la avenida Las Torres, al sur de Monterrey, esto en abril de 2011. En ambos casos, los elementos castrenses habrían confundido a las víctimas. 

Una enmienda al Código Penal Militar –realizada en junio de 2014- estableció que los militares que participen en delitos cometidos contra civiles serán procesados por la justicia civil.