El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Desapariciones Forzadas, por lo que la ONU México hizo un llamado a nuestro país para que se aplique la ley, con búsquedas efectivas, la reparación del daño y políticas contra el olvido.

Según Amnistía Internacional en su reporte del 2018, se calcula que hay más de 37 mil personas desaparecidas en México y hasta el día de hoy, el gobierno federal se ha negado a recibir en México al Comité Contra la Desaparición Forzada de Personas de la ONU, que ha solicitado la visita desde 2013. Si a las desapariciones forzadas le agregamos los más de 100 mil asesinatos derivados de la lucha contra la delincuencia organizada y agregamos también los secuestros, extorsiones y desplazamientos de personas por violencia, tenemos un panorama desolador de impunidad y nulo acceso a la justicia.

Las recomendaciones de la ONU al respecto son muy claras, es fundamental reconocer el problema y trabajar en los mecanismos de acceso a la justicia y abrirse al escrutinio internacional, por lo que está en duda si la amnistía anunciada por el nuevo gobierno será suficiente para atender una problemática tan compleja.

La idea de ver a nuestro país en un clima de paz y armonía se ha vuelto un camino sinuoso. En lo personal creo que es posible conciliar el justo reclamo de justicia de las víctimas con el planteamiento del perdón que hace el gobierno en ciernes, pero no es suficiente.

Los Foros de Pacificación que organiza el futuro gobierno avanzan en medio de vicisitudes y generan dudas. El planteamiento del perdón-amnistía no encuentra tierra firme, y amenaza con naufragar en la mar embravecida del dolor de las víctimas.

La prensa da cuenta que el equipo de López Obrador contempla invitar a esta discusión representantes de la ONU, UNICEF; al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo; el Sistema Interamericano; Amnistía Internacional; Human Rights Watch y Open Society Foundation, Federación Internacional de Derechos Humanos, lo cual me parece conveniente, pero estas intenciones no se ven en los hechos.

Para desterrar efectivamente la violencia de nuestro país sería un error impulsar una solución simplista de borrón y cuenta nueva a un problema tan complejo, si antes no hay mecanismos de justicia efectiva.

Pretender también que la amnistía sea sólo desde el enfoque de quien comete el delito sería un agravio a la sociedad. Se debe garantizar el derecho que tienen las víctimas a la justicia y resarcimiento del daño. Hasta ahora, las estrategias emprendidas en materia de seguridad no han hecho más que engrosar las estadísticas de muertos y víctimas de la violencia. Urge trabajar en la corrección de la estrategia de seguridad que no ha funcionado porque hay vicios en los eslabones de la cadena de justicia: prevención; procuración y administración de justicia; readaptación social, y no se ha atendido correctamente atender las causas sociales de la violencia.

La amnistía en su forma y planteamiento actual no dejan en claro, aún, a quién va dirigida en primer lugar dicha medida. La amnistía no puede ser una propuesta arbitraria, tiene que construirse desde un punto de vista objetivo respetando el dolor de las víctimas y buscando mantener el Estado de Derecho. Si no se combate de lleno la impunidad, si no hay una estrategia de acceso a la justicia clara, no habrá amnistía que pueda funcionar.