Este día, un grupo de 17 juristas de ocho países dieron a conocer un desplegado pidiendo a la Corte Suprema de Brasil que libere al expresiente de aquel país, Luiz Inacio Lula da Silva y anule los casos a los que está respondiendo en la corte.

El desplegado revela que las revelaciones del escándalo de mensajes intercambiados entre el fiscal Deltan Dallagnol, coordinador de la Operación Lava Jato, y Sergio Moro, quien condenó a Lula, "horrorizaron a todos los profesionales del derecho".

“Nos sorprendió ver cómo se violaron las reglas fundamentales del debido proceso legal brasileño sin ninguna vergüenza”, también dicen en el texto que "en un país donde la justicia es igual para todos, un juez no puede ser juez y parte en un caso. Debido a estas prácticas ilegales e inmorales, la justicia brasileña está experimentando una grave crisis de credibilidad dentro de la comunidad jurídica internacional".

Los firmantes incluyen a Susan Rose-Ackerman, profesora de jurisprudencia en la Universidad de Yale. Es considerada una de las principales expertas anticorrupción del mundo, según Deltan Dallagnol.

Bruce Ackerman es otro de los firmantes, él fue profesor del ministro de STF; otros nombres destacados que firman el documento son el profesor italiano Luigi Ferrajoli, una referencia de seguridad jurídica en el mundo; el ex juez español Baltasar Garzón, quien condenó al ex dictador chileno Augusto Pinochet por crímenes contra la humanidad, Alberto Costa, ex Ministro de Justicia de Portugal, y Herta Daubler-Gmelin, ex Ministro de Justicia de Alemania.

El grupo también está compuesto por ex presidentes y miembros de tribunales superiores, como Pablo Cáceres, ex presidente de la Corte Suprema de Colombia y Diego Valadés, ex juez de la Corte Suprema de México y ex fiscal general de la República.

Moro es el objetivo central de la crítica. Según los juristas, "no solo condujo el proceso parcialmente, sino que dirigió la acusación desde el principio". "Manipuló los mecanismos del laudo, dirigió el trabajo del fiscal, exigió el reemplazo de un fiscal con el que no estaba satisfecho y dirigió la estrategia de comunicación del fiscal".

Lula "no fue juzgado, fue víctima de persecución política", dicen los firmantes, e indican que la lucha contra la corrupción es esencial. Pero "en el caso de Lula, no solo la justicia fue instrumentalizada para fines políticos, sino que el estado de derecho fue claramente irrespetado para eliminar al ex presidente de la disputa política".

Sérgio Moro no solo dirigió el proceso parcialmente, sino que dirigió la fiscalía desde el principio. Manipuló los mecanismos del laudo, dirigió el trabajo del fiscal, exigió el reemplazo de un fiscal con el que no estaba satisfecho y dirigió la estrategia de comunicación de la fiscalía.

"Hoy, está claro que Lula no tenía derecho a un juicio justo. Cabe señalar que, según el propio Sergio Moro, fue condenado por 'hechos indeterminados'. Un hombre de negocios cuyo testimonio dio lugar a una de las condenas del ex presidente incluso admitió que se vio obligado a construir una narrativa que incriminaría a Lula bajo la presión de los fiscales. De hecho, Lula no ha sido juzgado, fue y es víctima de persecución política.

"La lucha contra la corrupción es hoy un tema esencial para todos los ciudadanos del mundo, como lo es la defensa de la democracia. Sin embargo, en el caso de Lula, la justicia no solo fue instrumentalizada para fines políticos, sino que el estado de derecho fue claramente irrespetado para eliminar al ex presidente de la disputa política.

"No existe un estado de derecho sin el debido proceso legal. Y no hay respeto por el debido proceso cuando un juez no es imparcial pero actúa como jefe de la fiscalía. Para que el poder judicial brasileño restablezca su credibilidad, la Corte Suprema Federal tiene el deber de liberar a Lula y anular estas condenas", dice el documento.

Lista de signatarios:

Bruce Ackerman, Profesor Sterling de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Yale

John Ackerman, Profesor de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Nacional Autónoma de México.

Susan Rose-Ackerman, profesora emérita Henry R. Luce de Jurisprudencia, Facultad de Derecho de la Universidad de Yale

Alfredo Beltrán, ex presidente de la Corte Constitucional de Colombia

William Bourdon, abogado registrado en el Colegio de Abogados de París

Pablo Cáceres, ex presidente de la Corte Suprema de Colombia.

Alberto Costa, abogado, ex ministro de justicia de Portugal

Herta Daubler-Gmelin, abogada, ex ministra de Justicia de Alemania.

Luigi Ferrajoli, profesor emérito de derecho, Roma Three University

Baltasar Garzón, abogado registrado en la Orden de Madrid

António Marinho e Pinto, abogado, ex presidente (presidente) del Colegio de Abogados de Portugal

Christophe Marchand, abogado registrado en la Orden de Bruselas

Jean-Pierre Mignard, abogado registrado en el Colegio de Abogados de París

Eduardo Montealegre, ex presidente de la Corte Constitucional de Colombia

Philippe Texier, ex juez, abogado honorario del tribunal de Cassassan de Francia, ex presidente del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas

Diego Valadés, ex juez de la Corte Suprema de Justicia de México, ex fiscal general de la República

Gustavo Zafra, ex juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

(Con información de Folha de S.Paulo)