La junta militar de Birmania (Myanmar) impuso la ley marcial en varias ciudades en respuesta a las manifestaciones que por tercer día consecutivo inundaron las calles del país para protestar contra el golpe de Estado ejecutado hace justo una semana.

Después de que el país quedara hoy prácticamente paralizado por una huelga general de trabajadores y protestas masivas, los militares declararon la ley marcial en cinco localidades, en las que se impone un toque de queda, prohíbe reuniones de más de cinco personas y discursos públicos.

La medida, que afecta a dos distritos de Rangún, la mayor ciudad y el centro económico del país, entró en vigor este lunes también en Mandalay, Monywa, Loikaw y Hpsaung, Myaungmya.

El anuncio llegó después de que los militares a través del canal de la televisión estatal MRTV, amenazaran con tomar acciones contra los manifestantes y les acusaran de dañar la estabilidad del país, la seguridad y el Estado de derecho.

Hasta ahora, los medios estatales o próximos al Ejército habían evitado cualquier noticia sobre las movilizaciones pacíficas contra los uniformados y el anuncio hace temer una escalda de detenciones y la represión policial.

En la capital, Naipydó, donde miles de personas se concentraron en la zona de los ministerios, la policía utilizó cañones de agua contra los manifestantes durante al menos 30 minutos con el objetivo de disolver las protestas.

PROTESTAS MASIVAS

Desde que comenzaron las protestas masivas el fin de semana, las fuerzas de seguridad no habían cargado contra los manifestantes que, por su parte, han evitado en todo momento la confrontación con la policía.

Birmania está viviendo multitudinarias manifestaciones no vistas en más de un década en el país, a pesar de que las autoridades han bloqueado redes sociales como Facebook o Twitter e incluso cortaron internet durante 24 horas y las líneas de teléfono temporalmente durante el fin de semana.

Un movimiento de desobediencia civil iniciado por el personal sanitario se ha extendió por todo el país desde que el pasado 1 de febrero el Ejército ejecutara un golpe de Estado para hacerse con el poder y detuviera a parte del Gobierno electo, incluida a la líder de facto, Aung San Suu Kyi.

HUELGA DE TRABAJADORES

Ayer lunes se convocó a una huelga de trabajadores que tuvo gran seguimiento en Rangún, la mayor ciudad del país, y que paralizó prácticamente la antigua capital mientras decenas miles de personas se concentraron en el casco histórico.

La huelga también se pudo notar en algunos ministerios, como el de Asuntos Exteriores, donde funcionarios y cargos medios han empezado a unirse al movimiento de desobediencia civil, según pudo saber Efe.

En las manifestaciones, que durante el fin de semana estuvieron protagonizadas principalmente por gente joven, se pudieron a trabajadores de todos sectores, incluidos bomberos y maestros uniformados, personal sanitario e incluso pancartas y banderas del colectivo LGTBI o de las minorías étnicas del país.

"Los manifestantes en Birmania continúan inspirando al mundo a medida que las movilizaciones se extienden por todo el país (...) Birmania se ha levantado para liberar a todos los que han sido detenidos y rechazar la dictadura militar de una vez por todas", dijo hoy Tom Andrews, relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Birmania.

Desde el golpe, al menos 163 personas han sido detenidas, dos ellas sentenciadas a dos años de cárcel por delitos que no han sido precisados, mientras que las autoridades han puesto en libertad a 13 de los arrestados, según datos de la Asociación de Asistencia para Prisioneros Políticos.

LLAMAMIENTO A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

La Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido liderado por Suu Kyi, pidió este a la comunidad internacional que solo reconozca como legítimo al Gobierno electo y que se abstenga de cualquier "comunicación o cooperación" con la junta militar.

En un comunicado, la formación afirmó que los líderes militares se han apropiado de la soberanía nacional sin la "mínima legalidad" y solicitó a los Gobiernos de otros países que presionen para conseguir la liberación de los políticos y activistas detenidos por el Ejército.

Por su parte, el Gobierno de Australia pidió este lunes la liberación del australiano Sean Turnell, asesor de Suu Kyi que fue detenido el sábado pasado por los militares que han tomado el poder en Birmania.

"Nuestra embajada está prestando todo el apoyo posible al profesor Turnell durante estos duros momentos", aseguró la ministra de Exteriores australiana, Marise Payne, quien apuntó que el detenido es un reputado asesor y profesor.

El experto, asesor de Suu Kyi para asuntos económicos, es director desde 2017 del Instituto para el Desarrollo de Birmania, con sede en Naipyidó.

Se trata de la única detención de un ciudadano extranjero desde el levantamiento militar de la que se tenga noticia.

Los militares, que ya gobernaron el país con puño de hierro desde 1962 hasta 2011, tomaron el poder el pasado lunes tras denunciar- sin aportar ningún tipo de prueba- un fraude masivo en las elecciones de noviembre, donde la formación de Suu Kyi ganó de manera arrolladora y se hizo con el 83 % de los escaños.