Ciudad de México. Un juez federal abrió la puerta para sancionar a los funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) que incurrieron en posibles irregularidades durante la investigación del caso Ayotzinapa, entre ellos el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio.

El juzgado tercero de distrito en materia administrativa de la ciudad de México otorgó un amparo tramitado por los familiares de los 43 normalistas desaparecidos y sus representantes legales, con el que dejó sin efectos la resolución dictada por la Visitaduría General de la PGR, la cual consideraba faltas leves las irregularidades cometidas por distintos funcionarios de la dependencia de procuración de justicia durante las indagatorias sobre el caso, exonerando en los hechos a los servidores públicos.

Las organizaciones que han acompañado la exigencia de justicia de los padres de los normalistas (los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y de a Montaña ""Tlachinollan", Serapaz y Fundar) informaron este domingo que el juzgador federal consideró en su resolución que la investigación interna de la PGR "no fue exhaustiva ni congruente" al no pronunciarse sobre diversas conductas ilícitas.

Por ello, ordenó una nueva indagatoria que permita revisar todas las irregularidades cometidas en las indagatorias del caso. La sentencia mandata a la PGR que se emita una nueva resolución que sí sea exhaustiva pronunciándose entre otras cosas sobre la posible “trascendencia penal” de algunas de las conductas cometidas por servidores públicos de la Procuraduría.

Las organizaciones civiles recordaron que en abril de 2016 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reveló graves irregularidades respecto de diligencias practicadas en el Río San Juan -encabezadas por Zerón de Lucio y donde, según se reportó, se hallaron los fragmentos óseos que a la postre se identificó pertenecían al normalista Alexander Mora Venancio-, la Visitaduría General de la PGR inició una investigación de control interno.

Esta investigación no profundizó, pues el titular de la Vistaduría fue apartado de su puesto. Posteriormente, dicho funcionario, revelaría haber recibido presiones para disminuir el alcance de su resolución. En este contexto, la nueva titular de la Visitaduría "auspició otra resolución que diluyó la responsabilidad de los funcionarios." Ante esta determinación, las familias de los normalistas presentaron una demanda de amparo indirecto aduciendo violados sus derechos a la verdad y al acceso a la justicia.

"Es importante recordar que la propia Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) señaló en su momento que, a pesar de que en un inicio la investigación de la Visitaduría estaba siendo integrada con apego a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, se produjo un viraje 'lamentable' que significaba una oportunidad perdida para efectivamente atender las serias violaciones cometidas en la investigación del caso Ayotzinapa".

Recientemente se dio la resolución judicial, la cual, subrayaron las ong, "sienta un precedente positivo, pues reconoce el interés jurídico de las víctimas indirectas en este tipo de procedimientos por su impacto en el derecho a la verdad. Asimismo, considera que la resolución de la Visitaduría no fue exhaustiva ni congruente y advierte que omitió pronunciarse sobre la trascendencia penal que pudieron llegar a tener las conductas documentadas dada su gravedad. En consecuencia, la Visitaduría General de la PGR deberá emitir una nueva resolución para subsanar las fallas y omisiones cometidas".

Los familiares de los normalistas desaparecidos consideraron que la sentencia representa una oportunidad para que la nueva administración federal del presidente Andrés Manuel López Obrador revise integral y exhaustivamente las actuaciones de los funcionarios involucrados en la irregular investigación del caso Ayotzinapa, sin ningún condicionamiento jurídico previo.

"La sentencia llega en un momento oportuno, siendo inminente la instalación de la Comisión Presidencial para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa, pues puede ser un elemento relevante para romper los pactos de impunidad que han impedido acceder a la verdad", concluyeron.