Un Juez de Distrito de Monterrey, Nuevo León, otorgó una suspensión provisional para frenar el proceso de designación del titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) conforme a la terna presentada por el presidente de la República.

El Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa de Nuevo León concedió dicha suspensión al amparo que interpusieron juristas bajo el expediente 558/2020, quienes argumentaron que los candidatos no cumplen con los requisitos establecidos por la ley.

El amparo fue impulsado por considerar que ninguno de los candidatos -Ricardo Rodríguez Vargas, Carlos Alberto Puga Bolio y Marta Patricia Jiménez Oropeza- propuestos al Senado por el Presidente de la República el pasado 3 de junio, cumplen con los requisitos mínimos exigidos por la Ley para ocupar el cargo.

La Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) señala que para ser titular es necesario contar con experiencia acreditada en materia fiscal en los últimos 5 años.

Las dos primeras personas referidas se han desempeñado en los últimos años como funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pero no cuentan experiencia fiscal por el tiempo requerido.

Adicionalmente, Ricardo Rodríguez Vargas quien ocupó hasta principios de este mes el cargo de director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, tiene una restricción legal pues se prohíbe haber sido titular de alguna entidad paraestatal en el gobierno federal en los tres años previos al nombramiento.

En su resolución, el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, advierte a las autoridades que en caso de desobedecer la suspensión dictada serán responsables del delito previsto en la Ley de Amparo que contempla la sanción de destitución e inhabilitación y pena de prisión de tres a nueve años.

“La resolución dictada por el Poder Judicial de la Federación es acorde con el derecho a contar con una procuraduría autónoma del Estado cuya misión sea proteger los derechos de toda persona obligada a contribuir al gasto público. Por ello, los requisitos que establece la Ley para la designación del titular de dicho organismo deben cumplirse de manera estricta por parte de las autoridades que participan en el proceso de nombramiento”, indicó Juan Carlos Pérez Góngora, presidente de México Justo.

Con información de Forbes