Después de meses de ambigüedad sobre el tema, delicado políticamente, Trump anunció que no se aceptarían más solicitudes a partir de octubre y que el programa sería eliminado en seis meses, es decir a principios de marzo. La decisión de Trump suponía que toda esa gente, que había dado todos sus datos al Gobierno federal para obtener la protección y que estaban trabajando o estudiando (requisitos para acogerse al beneficio), quedaría a merced de la policía de deportación. Las protestas recorrieron todo el país. El propio Partido Republicano está dividido en torno a esta cuestión.

Trump dejó claro pronto que lo que pretendía era utilizar a estos jóvenes como moneda de cambio para obtener el apoyo del Partido Demócrata a unos presupuestos en los que se incluya dinero para la construcción del muro fronterizo que prometió en la campaña. Sin los votos demócratas, el Gobierno no tendrá los 18.000 millones de dólares que se calcula que hacen falta para el muro. Trump pretende cambiar una cosa por otra. La decisión del juez de frenar llega precisamente en medio de estas conversaciones en Washington.

La decisión del juez Alsup afecta a varias demandas que fueron presentadas contra Trump, entre ellas las del Estado de California, la Universidad de California, varias administraciones locales de Silicon Valley e individuos particulares. La Casa Blanca no puede dejar a esos jóvenes sin protección mientras se están juzgando estas demandas.

Se trata de una nueva derrota judicial de otra de las medidas más impopulares del presidente Trump en su primer año. Los estados y las ciudades, a través de los juzgados federales, han desafiado legalmente no solo la eliminación de DACA, sino también la amenaza de retirar fondos a las llamadas ciudades santuario que no colaboran en la deportación de indocumentados, y el veto migratorio a países musulmanes. En todos los casos han logrado frenar o reducir significativamente el alcance de las medidas de Trump.