Mientras que a petición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Congreso de la Unión crea por mandato judicial parámetros para fijar el salario del Presidente de la República, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020 se propone que los ministros del más alto tribunal del país, los consejeros de la Judicatura, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, y los magistrados del Tribunal Electoral sigan con remuneraciones mayores a las de Andrés Manuel López Obrador, quien los ha señalado por suspensiones o resoluciones recientes en torno al aeropuerto de Santa Lucía y el caso Ayotzinapa, entre otros.

Luego de la reforma realizada en abril, el artículo 6 de la Ley Federal de Remuneraciones expone que ningún servidor público recibirá una remuneración por su cargo mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

El PPEF de 2020 propone 2 millones 400 mil 118 pesos anuales brutos al Jefe del Ejecutivo, aún sin considerar impuestos, frente a los 3 millones 754 mil 362 pesos anuales netos para cada uno de los 11 ministros de la Suprema Corte, entre ellos el presidente Arturo Saldívar Lelo de Larrea, Yasmín Esquivel Mossa y el controvertido Eduardo Medina Mora, ex colaborador cercano de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa.

También se proyectan 3 millones 094 mil 217 pesos anuales netos para los 915 magistrados de circuito; 2 millones 805 mil 842 pesos anuales netos a los 618 jueces de distrito; y 3 millones 782 mil 668 pesos anuales netos para magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral.

Luego de las impugnaciones presentadas contra la Ley Federal de Remuneraciones, el pleno de la Suprema Corte invalidó el artículo 6 y 7, y ordenó al Congreso de la Unión reformar  parámetros y lineamientos para fijar el salario del Presidente, por ser la referencia para el resto de los funcionarios públicos. Esta semana, la cabeza de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, expuso que están obligados bajo mandato judicial.

“Lo más importante no es que en este Proyecto de Presupuesto aún veamos estas diferencias salariales, lo que está pendiente es la discusión seria de cuánto debería ganar el Presidente, y no a partir de su voluntad de la mitad de su antecesor, lo cual es completamente discrecional. Es trabajo de la Cámara de Diputados tomarse en serio lo que ellos mismos aprobaron la Ley de Remuneraciones”, afirmó Javier Martín Reyes, investigador de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

“Y la Constitución también dice que el salario de los ministros, magistrados y jueces no puede ser disminuido durante su encargo. Son dos normas que deben hacerse compatibles”, agregó. “Tenemos muchos amparos que no se han terminado de resolver”.

De acuerdo con la estrategia programática del Proyecto de Presupuesto para el Poder Judicial, para el ejercicio fiscal 2020 los servicios personales presentarán un incremento de únicamente el 1 por ciento en términos reales respecto al Proyecto del 2019, ascendiendo a 51.4 mil millones de pesos.

“No se otorgará aumento salarial a jueces, magistrados, consejeros, ni mandos medios y superiores. Solo se prevé aumento salarial para el personal operativo”, precisa.

La estrategia programática del PPEF 2020 del Poder Judicial documenta que se ha aplicado “con rigor” el sistema de sanciones combatiendo frontalmente la corrupción desde el interior. En lo que va del 2019, han sido sancionados más de 50 servidores públicos, dentro de los cuales se han impuesto 17 destituciones y 11 inhabilitaciones. Además, se han dictado sanciones económicas cuyo monto acumulado asciende a más de 53 millones de pesos.

No obstante, derivado de la liberación de Gildardo Astudillo, “El Gil”, uno de los supuestos implicados en la desaparición de los 43 normalistas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha sugerido emprender una reforma de fondo al Poder Judicial –compuesto por la SCJN, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral– y a la Fiscalía General de la República (FGR), porque antes “se pasaban años” sin destituir a un Juez o Magistrado y “estaba ahí de florero” el Consejo de la Judicatura pese a los “jueces a modo”.

Sobre los amparos contra el proyecto aeroportuario en Santa Lucía promovidos tanto por pueblos originarios de Tecámac y Zumpango, Estado de México, como por la sociedad civil, ha dicho que “es un asunto de nuestros adversarios, es un capricho de Claudio X. González y su grupo [#NoMásDerroches]”.

“Si los jueces siguen dejando en libertad a presuntos delincuentes, vamos a seguir insistiendo en que debe de reformarse el Poder Judicial con todo respeto”, afirmó el 12 de septiembre en conferencia matutina. “Le tengo confianza a los titulares, lo que pasa es que son instituciones que se han venido echando a perder porque había impunidad, influyentismo, amiguismo, nepotismo, corrupción”.

A estas acusaciones se sumó las del sábado pasado del Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, quien señaló al Juez Primero de Distrito de Procesos Penales en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, de interpretar “con mucha laxitud la ley” y de no impartir justicia luego de dictar la liberación de 24 personas detenidas por su posible participación en la desaparición forzada de los 43 normalistas, lo cual acumula 77 liberaciones de las 142 personas privadas por su libertad.

El analista en temas jurídicos del CIDE, Javier Martín Reyes, dijo que estas declaraciones en contra del Poder Judicial se dan “precisamente cuando se toman decisiones que a la administración no le gustan”.

Por ejemplo, la resolución dictada contra la Ley de Remuneraciones, las suspensiones que han otorgado los jueces de distrito relacionadas con el proyecto del Aeropuerto en Santa Lucía, que pueden estar reflejando que la administración no ha cumplido con todos los requisitos que marca la ley para poder realizar esta obra; y estas últimas declaraciones del subsecretario de Gobernación, enlistó.

No obstante, para Reyes, quien trabajó en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esta reforma al Poder Judicial planteada –que sustituiría la de 1994– debe resolver los problemas estructurales como el nepotismo, los procesos de selección de jueces y la disparidad de género, “y no que sirva solo para amenazar o amedrentar la independencia de la Judicatura y que salga del Poder Ejecutivo, y no de medidas internas. El riesgo es que la reforma se pueda utilizar como un elemento de presión o chantaje político para que los jueces se alineen con las preferencias de la administración en turno”.

El académico del CIDE explicó que aunque es posible que en algunos casos los jueces hagan una mala valoración de las pruebas y haya errores, donde hay problemas estructurales claros es en los policías y los ministerios públicos.

“El  trabajo de los policías y el Ministerio Público es armar investigaciones y judicializarlas, y que sean lo suficientemente sólidas para que no quede duda de la culpabilidad de las personas que están siendo señaladas como responsables. Si no, no le podemos echar la culpa a los jueces si ellos analizan las pruebas sin elementos suficientes para llegar a la convicción de que son culpables o con indicios de tortura”, afirmó.

El subsecretario Encinas anunció a principios de mes que harán ante la Fiscalía General de la República y el Consejo de la Judicatura los recursos legales correspondientes para que se inicie la investigación de los funcionarios de la Fiscalía y de los jueces del Poder Judicial federal, para deslindar las responsabilidades en estos casos de liberaciones en torno al caso de Ayotzinapa.

El Poder Judicial de la Federación propuso para 2020 una asignación de 68 mil 632 millones 500 mil pesos de presupuesto, un aumento del 4.8 por ciento equivalente a 3 mil 066 millones 100 mil pesos frente a 2019.

La solicitud del aumento se justifica por la suma de actividades como la resolución de los Conflictos de Trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones por parte de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, la modificación al artículo 19 constitucional que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva como corrupción, las reformas constitucionales y legales en materia de extinción de dominio y prisión preventiva, la implementación del nuevo sistema de justicia para adolescentes, y el proceso electoral federal intermedio 2020-2021 en septiembre del próximo año.