La noche del martes, la opositora Asamblea Nacional (AN) de Venezuela aprobó la ley de amnistía que ordena la liberación de 75 presos políticos incluido Leopoldo López. Tras la discusión, los magistrados se reunieron de emergencia para elaborar una sentencia que anule la legislación.

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos Allup, denunció las intenciones del Poder Judicial.

El parlamentario, a través de la red social Twitter, calificó al poder judicial del país como un “bufete inconstitucional malandro”.

Indicó que magistrados estuvieron reunidos de “emergencia hasta la madrugada preparando” sentencia para anular las iniciativas legislativas aprobadas en discusión por el Parlamento.

El Ejecutivo también anunció una operación para suspender esta norma.

Maduro calificó de “inconstitucional” la legislación y adelantó que será vetada.

En un acto oficial en Caracas, Maduro dijo que esta ley “criminal” no conducirá al país a consolidar la paz ni a la recuperación económica y afirmó que le fue dictada por las “oligarquías” a los diputados opositores.

“¿Ayudará en algo al país a su proceso de recuperación? ¿A quién beneficia esta ley? ¿Al pueblo a los que mandaron a matar al pueblo en 2014”, dijo al referirse a dirigentes acusados de haber promovido las protestas contra el gobierno entre enero y mayo que dejaron 43 muertos.

“Yo convoco a un debate sobre esta ley aberrante, criminal que aprobó ayer la Asamblea Legislativa”, indicó.

El mandatario afirmó que la ley es inconstitucional “en todas sus partes”, ya que “pretende derogar toda la legislación y la estructura jurídica que protege a los venezolanos”.

“Pretende darle impunidad, de aquí en adelante, a los delitos de terrorismo, narcotráfico, homicidios, conspiraciones, golpes de Estado. Nunca se había hecho algo así en el país. ¿Vamos a perdonar a los asesinos? Ellos, en la ley, los perdonan”, sentenció.

Como ejemplo mencionó al dirigente opositor preso Leopoldo López, quien cumple una condena de casi 14 años por instigar las protestas de 2014, como responsable de los homicidios.

Ya Maduro había adelantado que vetará la ley, al argumentar que esa legislación que “protege a terroristas y criminales no pasará”.

El martes pasado, tras un debate de seis horas, el Parlamento avaló el proyecto.

La iniciativa beneficiaría a opositores de alto perfil que están tras la rejas, algunos con condenas, otros con procedimientos abiertos, como Leopoldo López o el alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, acusados de avivar las protestas que dejaron más de 40 muertos a principios del 2014, entre otros delitos.

La Ley de Amnistía será remitida al Ejecutivo para su firma, aunque las leyes venezolanas otorgan a la Asamblea Nacional mecanismos para promulgar leyes sin aval de la presidencia.

Los diputados chavistas han mostrado su rechazo por considerar que se trata de una norma que beneficia a personas que cometieron graves delitos.

Legisladores del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) rechazaron la legislación que consideran beneficia a personas que cometieron graves ilícitos.

Para el dirigente oficialista Roy Daza, “el problema de fondo es que la oposición no tiene ninguna propuesta propositiva porque no tiene un proyecto de país que pueda atraer a la población”, por lo que su agenda se limita a buscar la salida de Maduro.

La iniciativa fue impulsada por la diputada Delsa Solórzano, quien dijo que el proyecto tuvo una amplia consulta pública en todo el país, además de universidades y diferentes sectores de la sociedad.

“Llamamos a todas las víctimas, hasta el Comité de Víctimas de las Guarimba y no asistieron, no vinieron”, destacó Solórzano.

La Ley tiene por objeto sentar las bases para la reconciliación nacional y la paz social mediante la amnistía de los hechos considerados delitos, faltas o infracciones.

El 63% avala referendo revocatorio

En Venezuela, 63 por ciento de los ciudadanos está en favor de realizar un referendo revocatorio como la mejor vía para que el presidente, Nicolás Maduro, deje el poder, según la encuestadora More Consulting.

Además, 11 por ciento prefiere cualquier fórmula constitucional que sea “la más tranquila” para el país sudamericano. Mientras que el 8.9 por ciento apoya cualquier fórmula constitucional siempre que sea la más rápida, asimismo, el 1.3 por ciento prefiere una enmienda constitucional que recorte el mandato y 1.9% considera que los diputados de la Asamblea Nacional le soliciten la renuncia.

A escala nacional, el sondeo difundido ayer en el periódico El Nacional, el 58 por ciento de la población cree que Nicolás Maduro debe ser removido de su cargo este año, y otro 1.3 por ciento se pronuncia porque abandone el poder en 2017.

Este estudio se basó en entrevistas realizadas entre el 16 y el 17 de marzo en todo el país, y tiene un margen de error de 3.43 por ciento, detalló la compañía.

En este escenario, los partidos políticos de oposición realizan campañas para impulsar el referendo.

Betsy Bustos, secretaria electoral de Primero Justicia en el estado Aragua, llamó a los ciudadanos a presionar al Consejo Nacional Electoral para que fije los requisitos para la recolección de firmas, convoque a la brevedad posible el referéndum revocatorio y establezca el cronograma definitivo que permita celebrar la consulta popular para renovar al gobierno.

Bustos invitó a la entidad a incrementar sus demandas.

“Quienes dicen ser representantes del sistema electoral más confiable y seguro del planeta deberían sentir vergüenza al saberse cómplices de un gobierno que no es democrático y que irrespeta la voluntad de un pueblo que se expresó el pasado 6 de diciembre al pretender desconocer cada acto de la Asamblea Nacional ¿A qué le temen?”, dijo.