José Diego Suárez Padilla tuvo que dejar la albañilería para volverse casi un experto en justicia y, así, él mismo llevar a la cárcel no solo al feminicida de su hija, Rosa Diana Suárez Torres, asesinada a puñaladas por Gilberto Campos García el 31 de diciembre de 2010, sino también a quienes consideró fueron sus cómplices: dos servidores públicos, quienes dos meses antes del crimen, le negaron protección a su hija.

“Le tenían que haber puesto un médico legista, no se lo pusieron. Les dijo que la había amenazado de muerte, tampoco consideraron que eso fuera delito...Cuando yo volví a todos esos juzgados, fue porque mi hija estaba muerta y ya no se podía hacer más que luchar por la injusticia…”, recuerda.

Sin recursos económicos para un abogado, don José se volvió su propio defensor. Devoró el código penal, el civil, la ley de amparos y decenas de libros de derechos humanos. Además, presentó más de 350 escritos y combatió en tribunales seis apelaciones.

“Yo me juré ahí, donde me la dejó el criminal, que lucharía por ella. Que iba a luchar no sé hasta dónde para que se le hiciera justicia”.

Así, a finales de 2009 logró una sentencia de 67 años de prisión para el asesino de su hija y dos por abuso de autoridad para los funcionarios que le negaron protección. “Los obligué, ya no se salieron con la suya esos servidores públicos”.

Como muchos de los feminicidios en la entidad, la muerte de Diana fue un crimen anunciado. Y también, como en la mayoría de los asesinatos, las autoridades mexiquenses ignoraron las advertencias e incluso se negaron a proteger a Diana cuando ella lo solicitó, dos meses antes de su muerte.

El 4 de octubre de 2010, Gilberto llegó a casa de Diana para golpearla. Cuando don José llegó a la casa, los tres fueron a presentar la denuncia. Ante el Ministerio Público, Diana relató la agresión: “Quiero que le pongan una orden de restricción a Gilberto; tengo miedo de que se enoje más y me mate”, pidió en ese momento.

“Eso no existe en México, las órdenes de protección solo se dan en Estados Unidos”. “No te robó el celular; tú lo entregaste”. “Las peleas entre novios no son un delito”…fueron algunas de las respuestas del personal judicial.

Así, el secretario del MP de Atizapán, Juan Ignacio Robles Márquez, y la Ministerio Público, Mónica Hernández Ruiz, no determinaron algún delito que ameritara una orden de protección, y sólo acusaron a Gilberto de allanamiento de morada; nunca lo citaron a declarar, mucho menos lo detuvieron.

La tarde del 31 de diciembre de 2010, a pocos meses de cumplir 22 años y a la mitad de sus estudios en Administración de Empresas en la Universidad Autónoma del Estado de México, Diana fue asesinada por Gilberto de 16 puñaladas.

“Ellos son cómplices de todas esas tragedias, por eso están muriendo tantas mujeres, porque los asesinos saben que las autoridades no hacen nada”, lamentó José Diego, quien hoy solo espera que su lucha sirva de ejemplo para otras víctimas.

“A mi hija ya no la tengo, pero si ella dio su vida, que esa vida valga la pena. A las familias les digo: que no se rindan, que no se venzan, que luchen hasta lo máximo”, concluye.