Como lo señalamos ayer en este espacio, por primera vez desde que el nombre de Jorge Torres López quedó vinculado a un proceso judicial en Estados Unidos, las autoridades del vecino país han dicho que el dinero detectado al exgobernador interino fue robado de las arcas públicas de Coahuila y el Gobierno Federal.

Ya anteriormente se habían revelado datos en el sentido de que las investigaciones realizadas en Texas apuntaban hacia actos de corrupción cometidos por Torres López y Javier Villarreal. Pero nunca se había dicho, con todas sus letras, que el expediente contuviera evidencia de que el dinero transferido a cuentas en Estados Unidos fuera público.

Este señalamiento expreso consolida la sospecha que se ha manifestado en forma reiterada en los últimos años: solamente si se ignoran deliberadamente las evidencias, o si se deja de investigar por consigna, es posible no llegar a las conclusiones a las cuales han arribado los fiscales estadounidenses.

Sólo si se tiene la intención de no dar con la verdad es posible concluir que las acusaciones penales contra los exfuncionarios coahuilenses, en Estados Unidos, están construida en el aire.

Sin embargo, el gobernador Miguel Ángel Riquelme ha insistido nuevamente en la hipótesis que han formulado repetidamente funcionarios de Coahuila durante los últimos ocho años: aquí no falta dinero.

“...en Coahuila no existen indicios de que... haya un faltante de recursos públicos de esa naturaleza, pero en dado caso de que sea comprobado que los recursos de los que se hablan o de los que está acusado Jorge Torres por depositar en el extranjero, de ser comprobado conforme a Derecho (que fue obtenido de las arcas estatales), pues también Coahuila solicitará que esos recursos regresen a la entidad”, ha dicho el mandatario.

Sin duda es relevante que el Gobernador se pronuncie en el sentido de que eventualmente solicitará la devolución del dinero. El problema con dicha postura es que adelanta que sólo se reclamará después de que se demuestre la veracidad de la acusación.

En estricto apego a la ley, sin duda el Gobierno de Coahuila está obligado a esperar la sentencia para reclamar. Pero no es eso lo único que puede hacer: también podría anunciar la apertura de una investigación propia o plantear un esquema de colaboración a las autoridades texanas, de forma que se tenga acceso al expediente y a elementos para investigar acá.

Insistir en que no hay evidencia de faltantes de recursos y plantearse que sólo se asumirá el papel de espectador pasivo frente al juicio de Jorge Torres deja un mal sabor de boca a los ciudadanos, porque envía el mensaje de que el tema no es relevante para la administración estatal.

Valdrá la pena que la administración de Miguel Riquelme evalúe su posición respecto al juicio de Torres López, pues para los ciudadanos constituye uno de los aspectos más relevantes de nuestra historia reciente y, sin duda alguna, el mayor motivo de agravio.