Finalmente, luego de resistir el traslado a Estados Unidos, donde autoridades federales le acusan de diversos delitos “de cuello blanco”, el exgobernador Jorge Torres López fue trasladado ayer al vecino país y hoy comparecerá ante una juez federal en Corpus Christi, Texas.

Como se ha informado ampliamente, a Torres López se le detectaron transferencias bancarias –de México a Estados Unidos– por varios millones de dólares cuya procedencia legal no pudo explicar. Investigaciones de autoridades estadounidenses han revelado que el dinero habría sido sustraído, mediante un esquema conspirativo, del erario público, en México.

En dicho esquema habrían participado diversos exfuncionarios públicos estatales, entre ellos Javier Villarreal Hernández, quien se encuentra sujeto a proceso, también en Estados Unidos, y a la espera de que se dicte sentencia en su contra.

Hasta ayer nunca se había señalado de forma expresa que las investigaciones realizadas en el vecino país vincularan directamente a López Torres y a Villarreal Hernández en un esquema de robo de dineros públicos.

Sin embargo, al dar a conocer el traslado de Torres López a Estados Unidos, el fiscal Ryan K. Patrick aseveró que las acusaciones en contra del exgobernador derivan de un hecho concreto: las cuentas bancarias detectadas a Torres y Villarreal –en bancos estadounidenses– habrían sido utilizadas para ocultar “fondos robados del Gobierno Federal mexicano y del Estado de Coahuila”.

La afirmación de las autoridades estadounidenses vuelve a poner sobre la mesa –por enésima ocasión– la idea que ha flotado en el ambiente político de Coahuila durante los últimos años: la deuda pública que hoy pesa sobre los hombros de los coahuilenses sirvió para construir fortunas privadas.

Con ello, una interrogante que se ha formulado en forma reiterada resulta obligada una vez más: ¿por qué en Coahuila y en México nadie ha considerado necesario investigar el origen de los recursos que le han sido incautados a Javier Villarreal y a Jorge Torres en Estados Unidos?

Y es que, como se ha documentado hasta la saciedad, todo apunta hacia un hecho concreto: en nuestro estado existe una estrategia de protección para quienes, durante la administración que compartieron Humberto Moreira y Jorge Torres, usaron el poder público para lucrar en su beneficio.

Las pruebas que se han documentado en forma profusa evidencian que individuos ubicados en los tres poderes del estado han actuado de forma concertada para impedir que se haga justicia en este caso que constituye, sin duda, el motivo de mayor agravio para la sociedad coahuilense.

Habrá que seguir con atención el juicio en contra de Jorge Torres en Estados Unidos pues, por fin, parece que las fichas de dominó podrían comenzar a caer y que la verdad podría surgir irrebatible: la “megadeuda” sería, al menos en parte, producto de un esquema delincuencial orquestado desde el mismo poder público.