El editorial de VANGUARDIA del jueves pasado establece una realidad indiscutible; la desaparición forzada de cientos de personas durante los últimos años en territorio coahuilense, ante lo cual, establece dos opciones necesarias: hacer justicia a las víctimas y perseguir a quienes tengan responsabilidad política en el delito.

Y aunque parezca muy rudimentario decirlo, pero aquí lo que la sociedad demanda es que los responsables políticos de las masacres y las desapariciones sean procesados por acciones u omisiones que hayan cometido en el desempeño de su responsabilidad, pues la manifiesta impunidad ha generado más violencia y mucha degradación política e institucional, al grado de que ya nadie cree en la autoridad, el Ministerio Público ni en las fiscalías, tampoco en los jueces ni en los tribunales (recuerde la impunidad del Ficrea) y mucho menos en el Instituto Electoral de Coahuila, que nada tiene que ver con los crímenes, pero sí con la democracia y la legitimidad de los que son electos para ejercer el poder.

El editorial de VANGUARDIA habla de buscar un equilibrio entre responsabilidad oficial y la justicia que se debe a las víctimas, un asunto que nos parece factible si tomamos en cuenta que todo el pueblo es víctima de los crímenes, porque si a ese pueblo, que es sujeto natural y persistente del derecho positivo, se le arranca a una persona viva, se le asesina y desaparece, entonces es todo el pueblo el agraviado que debe ir tras los responsables del delito. “El pueblo de Coahuila vs. los asesinos de Allende” debe ser una prioridad, pero también lo es “El pueblo de Coahuila contra los responsables políticos de la masacre de Allende”, o mejor dicho, para acabar pronto: “El pueblo de Coahuila vs. Jorge Juan Torres López”.

Y es que el pueblo mismo ha sido víctima de una erosión irremediable, de un desprendimiento terrible. El suscrito recuerda una leyenda inscrita en una pared de la CDHEC (oficina estatal de los Derechos Humanos) que nos hace comprender la dimensión de los agravios en relación a los asesinatos y las desapariciones, es la frase del poeta John Donne, la misma que cita Hemingway al inicio de “Por Quién Doblan las Campanas” y que en su parte medular dice: “La muerte de cualquier hombre me disminuye, porque soy una parte de la humanidad…”, y por eso mismo es loable que los activistas de los derechos humanos acudan a la Corte Penal Internacional a demandar la justicia que en Coahuila y en este País les ha sido negada. Los activistas piden perseguir a los políticos corruptos que se coludieron con los Zetas.

Dolor y desolación hay en Coahuila. Tenga usted la seguridad de que la muerte ha de ser una presencia puntual e insoslayable para los de Allende, asimismo, el sentimiento de culpa por haber sobrevivido a la matanza, por no haber podido ayudar a los niños masacrados.

La gran paradoja es que diputados de Coahuila han presidido por varios años la Comisión de los Derechos Humanos en la Cámara de Diputados, y ahora los coahuilenses van a la Corte Penal Internacional a buscar justicia por crímenes de lesa humanidad. Una aberración similar a que el exfiscal Yañez Arreola, que tantas deficiencias tuvo en su misión de localizar desaparecidos, en investigar lo de Allende e indagar sobre el campo de exterminio en el penal de Piedras Negras, haya sido elevado para impartir justicia como Magistrado. Justicia sí, pero no para todos.