Uno de los peores agravios que una sociedad puede recibir es enterarse de cómo, un individuo que tuvo el privilegio de gobernarle, presuntamente se comportó como un delincuente durante el tiempo en el cual accedió al poder.

Ayer, de acuerdo con información revelada por autoridades estadounidenses, el exmandatario estatal interino, Jorge Torres López, ha pasado a formar parte de la degradante lista de “fugitivos más buscados” —que elabora la Agencia para el Control de la Drogas del vecino país—, acusado de trasladar a los Estados Unidos dinero robado de las arcas de Coahuila.

A Torres López le es aplicable, por supuesto, al igual que a cualquier otro individuo a quien se acuse de cualquier delito, el principio de presunción de inocencia, y en ese sentido debe tratársele como “presunto” responsable de los actos que se le imputan.

Existe, sin embargo, un matiz que no puede obviarse en este caso: Jorge Torres ha renunciado de forma tácita a la posibilidad de defenderse de las acusaciones, pues recibió un ultimátum de las cortes texanas donde se lleva su caso, para presentarse a declarar, y prefirió no hacerlo, aún cuando sus asesores legales debieron advertirle de la consecuencia de dicho acto: ser declarado prófugo de la justicia.

En ese sentido, las decisiones que el sustituto de Humberto Moreira Valdés ha tomado constituyen elementos que convocan a reconsiderar la presunción de inocencia en su caso, pues si decidió no presentarse ante un juez que le requirió para ello, muy probablemente sería porque consideró que luego de hacerlo terminaría tras las rejas.

Que Jorge Torres sea hoy uno de los “fugitivos más buscados” se alza pues como un motivo de agravio para los coahuilenses y obliga a cuestionar la forma en la cual llegó a la titularidad del Poder Ejecutivo.

¿Acaso quien fue su jefe a lo largo de casi una década, nunca notó su proclividad por el dinero fácil y rápido? ¿Acaso ninguno de los miembros de la Legislatura Estatal que le entregó el poder estatal tenía idea de que se trataba realmente de un individuo carente de escrúpulos?

Resulta sumamente difícil de creer que ni Humberto Moreira —bajo cuyas órdenes trabajó largamente—, ni cualquiera de los integrantes del Poder Legislativo que avaló su encumbramiento en el poder, tuvieran al menos indicios de la indecencia en su actuar cotidiano.

La única explicación que podría justificar el hecho de que nadie hubiera reparado antes en los apetitos de Jorge Torres sería que su llegada al Poder Ejecutivo le hubiera “transformado” de forma radical y sólo entonces su codicia se hubiera desatado.

Pero si ésta fuera la explicación, entonces habría que preguntarse si ninguno de quienes fungieron como sus colaboradores cercanos, en el gabinete estatal, notó algo “extraño” o “fuera de lugar” que necesariamente le tendría que haber obligado a denunciarle.

Porque quedarse callado implica complicidad.