La voz popular señala con sabiduría y tino, que “quien nada debe, nada teme”. Se trata de una idea simple que ayuda a entender —o a explicar— bien la conducta de las personas frente a determinadas circunstancias y sirve para justificar —o no— tal conducta.

En el caso del exgobernador interino de Coahuila, Jorge Torres López, quien es considerado prófugo de la justicia en los Estados Unidos, la frase resulta útil para analizar el reporte periodístico que publicamos en esta edición, relativo a la manifestación que el exmandatario y su esposa, María Carlota Llaguno, realizaron ante la jueza que lleva su causa en el sentido de que no habrían comparecido ante la misma “por temor a ser detenidos”.

De acuerdo con datos extraídos del expediente judicial, entre abril y junio del año pasado, Torres López y su esposa habrían intentado comparecer ante la juez mediante una video conferencia y habrían intentado justificar tal petición en el referido temor a ir a la cárcel.

Más allá de los tecnicismos legales del caso, vale la pena analizar la manifestación del exmandatario en relación con su “miedo a ser detenido”.

Y es que a diferencia de lo que pudiera ocurrir en México, al relevo de Humberto Moreira Valdes en el Ejecutivo del Estado le fue notificado con oportunidad el motivo del juicio iniciado en su contra y se le indicó la petición concreta de las autoridades en relación con la acusación: presentar las pruebas de que el dinero de las cuentas que le fueron incautadas en Bahamas tenía una procedencia lícita.

Para reunir la documentación necesaria y acudir ante la juez Janice Ellington se le concedieron seis semanas, un tiempo que parece razonable para reunir estados de cuenta, declaraciones de impuestos, copias de cheques, registros de transferencias bancarias y, en general, los documentos que tiene a la mano cualquier persona que recibe ingresos legítimos de esa magnitud.

Sin embargo, para Torres López tal periodo resultó insuficiente y, aún cuando ha alegado —allá y acá— que el dinero es legítimo, no solamente fue incapaz de aportar las evidencias que le solicitaron, sino que prefirió ser declarado prófugo de la justicia antes que presentarse ante la Corte a intentar al menos defender su honorabilidad.

Resulta obligado cuestionarse si alguien que tiene clara la procedencia de todos sus haberes y presume que su fortuna personal es producto de actividades legítimas puede “sentir temor” de ser detenido “arbitrariamente” por una autoridad que, al menos por lo que se conoce, ha seguido todos los procedimientos legales y ha respetado sus derechos de forma escrupulosa.

La actitud asumida por Torres López más bien justifica la sospecha y hace que se consolide la percepción de que, tal como afirman las autoridades de los Estados Unidos, el dinero que le fue incautado a él y al extodo poderoso funcionario estatal, Javier Villarreal, fue robado de las arcas de Coahuila.

Y es que desde esa perspectiva, todas las piezas encajan, incluido “el miedo ser detenido” manifestado por Jorge Torres y su esposa.