Joaquín Guzmán Loera ha sido declarado culpable de una decena de cargos criminales en una corte de Nueva York. Tras ello, políticos y funcionarios de los Estados Unidos han comenzado a formular algunas preguntas relevantes:
¿Dónde están los activos y el efectivo de la fortuna amasada por el líder del cártel de Sinaloa durante su carrera delictiva?, ¿cuál es la ruta a seguir para decomisarla? y, sobre todo, ¿cómo nos vamos a gastar ese dinero?

La lógica de la cual parten quienes formulan estas preguntas allende el Bravo es muy simple: no importa dónde esté el dinero de “El Chapo”; si es producto de actividades ilícitas realizadas en territorio de los Estados Unidos, entonces el dinero es nuestro y debemos 
ir por él.

El senador texano Ted Cruz incluso ha propuesto un destino muy concreto para la fortuna del líder del Cártel de Sinaloa: debe invertirse en la construcción del muro fronterizo prometido por Donald Trump desde el arranque de su campaña presidencial.

Y no se trata de una declaración de ocasión o de un intento por atraer reflectores en la coyuntura: Cruz ha presentado ya, en el Senado estadounidense, una iniciativa de ley –conocida como “Chapo act”– para dotar a las autoridades del vecino país de herramientas legales con las cuales puedan ir por el dinero de Guzmán, esté donde esté.

El interés en la fortuna de “El Chapo” es entendible, pues no estamos hablando de poca cosa: de acuerdo con algunos cálculos, las arcas del vecino país podrían engordar con unos 14 mil millones de dólares en caso de ponerse en práctica la estrategia.

Una lectura simplista del asunto nos llevaría a cerrar la discusión con el manido argumento de etiquetar al gobierno de los Estados Unidos como uno al cual solamente le interesa el dinero y por ello se empecinó en la extradición del sinaloense.

Con independencia de si el apetito por el cash es la única motivación norteamericana, el ejemplo obliga a preguntar si los políticos y autoridades mexicanos no deberían emular la actitud de Ted Cruz e intentar recuperar el dinero acumulado ilegalmente por Javier Villarreal y Jorge Torres durante la administración de Humberto Moreira.

La lógica desde la cual debemos formularnos la interrogante es exactamente la misma del senador texano:
Si las autoridades de Estados Unidos ya probaron el origen ilegal de los millones de dólares incautados –en cuentas bancarias y propiedades– a Torres y Villarreal; y si está probado también cómo las actividades ilegales mediante las cuales los obtuvieron se realizaron en territorio mexicano, entonces el dinero incautado debería regresar a México.

Llegados a este punto es sumamente relevante puntualizar una cosa: en el contexto de la lógica propuesta es irrelevante si el dinero fue sustraído de las arcas de Coahuila u obtenido por cualquier otro medio. Basta el hecho de identificarlo como dinero ilegal para reclamarlo.

Y esto debe decirse para sortear por anticipado la estratagema discursiva con la cual algunos pretenden probar la inviabilidad de la propuesta: las autoridades coahuilenses han sostenido oficialmente, una y otra vez, un argumento improbable: “aquí no se ha perdido ni un sólo centavo”.

Dejemos entonces para después la discusión sobre si los millones decomisados a nuestros ínclitos exfuncionarios forman parte de esa nebulosa denominada “megadeuda” y centrémonos en lo importante de la “doctrina Cruz”: si el dinero es ilegal y los actos ilegales de los cuales deriva se realizaron en Coahuila, el dinero nos pertenece.

A partir de esta lógica debe cuestionarse al Fiscal General de Coahuila, Gerardo Márquez; al líder del Congreso local, Marcelo Torres Cofiño; o al senador Armando Guadiana, si considerarían la posibilidad de emprender una estrategia al estilo del texano Ted Cruz o simplemente van a quedarse viendo cómo los estadounidenses se apropian de nuestro dinero.

No debe ser difícil obtener una cita con Cruz, o ya de perdis concertar una conferencia telefónica para solicitarle detalles sobre su propuesta e incluso, ya entrados en gastos, pedirle comparta la fórmula con la cual armó su iniciativa.

Vamos: si por cualquier motivo resultara imposible contactar al parlamentario texano, basta con ingresar al sitio web del Congreso de los Estados Unidos y descargar el documento con la iniciativa de Cruz. 

Cuando mucho, nuestros políticos comarcanos requerirán de los servicios de un traductor para hacerse con los detalles del mismo.

Pero para hacer eso, desde luego, hace falta una real convicción para combatir la corrupción y la impunidad; convicción a la cual nuestros políticos y funcionarios, para desgracia colectiva, son incapaces de acceder, ni siquiera por contagio.

¡Feliz fin de semana!

@sibaja3
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