Investigación de Arturo Ángel, Francisco Sandoval y Raúl Olmos para Animal Político

ASISMEX, la empresa que inyectó de manera ilegal 15 millones de pesos a la campaña presidencial priista en 2012, forma parte de una red de compañías creadas por un contador público que se benefició de contratos y convenios de la administración Duarte por más de 3,617 millones de pesos.

Antes de la elección del 2012, el gobierno de Javier Duarte entregó 643 millones de pesos a 19 empresas fantasma cuyos propietarios, accionistas y representantes legales están también detrás de ASISMEX, una empresa que financió ilegalmente la campaña presidencial del PRI de ese año.

El personaje principal en esas 19 compañías, que recibían recursos públicos del gobierno veracruzano –incluso sin contratos de por medio-- y los transfería a otras empresas para que se perdiera el rastro, es Víctor Manuel López Gachuz, un contador público que no ha sido llamado a rendir cuentas por la justicia.

Logística Estratégica ASISMEX, el nombre completo de la compañía, fue la que entregó dinero al PRI, recursos que habrían de utilizarse para pagarle a representantes de casillas el día de la elección de aquel año.

Este último paso ya fue probado por el Instituto Nacional Electoral que, tras una investigación de cinco años, reveló en enero pasado que había descubierto un sofisticado e ilegal mecanismo de financiamiento en la campaña presidencial de 2012, principalmente en Veracruz.

El organismo demostró que al menos 15 millones de pesos fueron a parar al PRI e informó que por esos hechos había pedido a la PGR y al SAT investigar a ASISMEX, que estaría detrás de ese financiamiento ilegal.

El PRI nunca reportó ese ingreso e incluso ha negado que exista relación entre ellos y ASISMEX. Por eso el INE multó a los priistas con poco más de 30 millones de pesos. Este caso está pendiente de resolución en el Tribunal Electoral, donde fue impugnado.

Ahora, una investigación de Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) prueba que ASISMEX en realidad forma parte de una red aún más grande, una que involucra a 400 empresas fantasma creadas al amparo de una oficina encabezada por el contador Gachuz, que se utilizaron para desviar y ocultar dinero público en el sexenio de Duarte.

En esta red de 400 empresas fantasma coinciden dueños, prestanombres, representantes legales, comisarios y notarios que avalaron su creación, y coinciden también direcciones fiscales y empleados de Gachuz.

De estas 400, 57 empresas recibieron 3 mil 617 millones de pesos durante todo el sexenio de Javier Duarte, dinero que en realidad debió destinarse a niños, ancianos y damnificados. De ese gran total, 643 millones de pesos fueron a parar a 19 de esas empresas antes de la elección presidencial de 2012.

La marca Gachuz

ASISMEX, la empresa que le entregó el dinero al PRI, fue creada en Veracruz 4 días antes del inicio del gobierno de Duarte en diciembre de 2010. Y según el INE, esa empresa registró movimientos por al menos 1,393 millones de pesos durante el proceso electoral de 2012.

El INE, sin embargo, no ha podido explicar de dónde provienen el total de esos recursos. Solo ha dicho que la trama incluye a 11 compañías y tres personas físicas que, a su vez, realizaron operaciones con ASISMEX. Alegando secreto bancario, y dado que solicitó tanto a la Procuraduría General de la República (PGR) como al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que se investigue el caso, el organismo electoral no dio a conocer a la opinión pública los documentos que prueban cómo se hicieron estas transacciones.

El INE identificó que ASISMEX también gastó otros 3 millones de pesos en esos comicios, que sirvieron para pagar a representantes del PAN, PRD, PT, MC y Nueva Alianza, aunque en este caso, sospechan los auditores del INE, fue para que el día de las elecciones no acudieran a las casillas que les correspondían. Aun así impusieron multas por 6 millones a los partidos.

El INE, la PGR y el SAT declinaron la solicitud de entrevista que se les formuló para abundar sobre este reportaje.

La investigación de AP y MCCI establece que ASISMEX y las compañías y personas señaladas por el INE están en el corazón de la red Gachuz, que recibió 643 millones de pesos del gobierno de Duarte en el año electoral de 2012.

Para que el millonario desvío tuviera éxito, Javier Duarte contó con la complicidad del actual diputado federal del PRI, Antonio Tarek Abdalá, quien ocupó dos diferentes cargos en su administración.

Como director de administración del DIF de Veracruz (2010-2012), Tarek autorizó los primeros pagos a la red Gachuz de empresas fantasma en 2011.

Por estos pagos iniciales un juez del estado de Veracruz giró, el pasado 25 de mayo, una orden de aprehensión en contra de Karime Macías, expresidenta del DIF Estatal y esposa de Javier Duarte. Aunque el cargo de Macías era honorario, la Fiscalía de Veracruz sostiene que ella coordinó con Tarek los pagos a las empresas de la red Gachuz.

En febrero de 2012, cuatro meses antes de la elección federal, Tarek Abdalá dejó el DIF para convertirse en tesorero de la Secretaría de Finanzas estatal y con ello los pagos a las empresas fantasma se multiplicaron.

Una serie de estos pagos se hicieron en semanas previas a la elección y sin contratos de por medio.

La documentación en poder de este equipo de investigación revela que Tarek, como cabeza financiera del DIF, firmó 23 de 36 contratos otorgados a la red, pero ya como encargado de las finanzas a nivel estatal les entregó pagos anticipados antes y después de las elecciones de 2012.

Hace un año, la fiscalía de Veracruz solicitó el desafuero del diputado Abdalá, pero este proceso fue detenido gracias al voto de la fracción parlamentaria del PRI.

Abdalá no actuó solo. En todas las licitaciones del DIF era el mismo grupo de funcionarios quienes autorizaban los contratos: Joaquín Roque Flores Castro, encargado de la Subdirección de Recursos Materiales; Dante Omar Sánchez Alatorre, representante de la Dirección de Asuntos Jurídicos; Víctor Manuel Carrizo Yoval, jefe del Departamento de Adquisiciones y Alejandro Pérez Jacome.

Una vez que Tarek pasó a la tesorería estatal, el DIF siguió otorgando más contratos a las empresas de la red Gachuz, pero ahora con Astrid Elias Mansur como directora de administración.

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