Por Arturo Angel (@arturoangel20) y Víctor Arteaga para Animal Político

Un juez local de Veracruz giró una nueva orden de aprehensión en contra de Javier Duarte, ahora por su presunta participación en una operación fraudulenta a través de la cual desapareció 2,300 millones de pesos destinados a programas sociales del Seguro Popular.

Se trata de una de las dos órdenes de aprehensión que la Fiscalía de Justicia de Veracruz (FJV) obtuvo de jueces locales; ambas se suman a las que la Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo en contra de Duarte por desvío de recursos y delitos electorales.

De acuerdo con autoridades que tienen conocimiento del caso, el uso ilegal de recursos del Seguro Popular por el cual se consignó a Duarte forma parte del mismo expediente por el que ya está encarcelado y bajo proceso el exsecretario de Finanzas de Veracruz, Mauricio Audirac, y por el cual también se procedió en contra del diputado federal Antonio Tarek,  quien enfrenta un proceso de desafuero.

Los investigadores de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la FJV documentaron que en 2014 altos funcionarios del gobierno de Duarte ordenaron –desde la Secretaría de Finanzas– un desvío sistemático de recursos que se encontraban en cuentas del Seguro Popular para transferirlo en una cuenta bancaria concentradora.

“Los recursos se traspasaron a una cuenta del banco Banorte a nombre del gobierno del estado de Veracruz cuando originalmente se debieron ejercer en programas sociales como los de la estrategia Seguro Popular”, indica la indagatoria de la Fiscalía.

De estas transferencias existen evidencias. La Fiscalía tiene diversos oficios girados entre noviembre y diciembre de 2014 en los cuales el entonces secretario de Finanzas, Mauricio Audirac, ordenó al Director General de Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Veracruz, Leonel Bustos, los traspasos.

Todos esos movimientos fueron del conocimiento de Javier Duarte, como los documentos lo señalan. Animal Político tiene copia de varios de ellos. La Fiscalía concluye que el exgobernador es quien habría ordenado toda esta operación a sus subordinados, pues resulta poco probable que actuaran por su cuenta.

Desde 2011 fue el propio Javier Duarte quien, a través del Decreto 289, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 19 de diciembre de ese año,  autorizó a la Secretaria de Finanzas a tomar recursos de partidas estatales y federales etiquetadas y dirigirlo a rubros distintos.

En este contexto, la Fiscalía acusó ante un juez de ser probable responsable de los delitos de coalición, incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad, tráfico de influencias y peculado.

Inversiones “fantasma”

El proceso para desviar los recursos era el siguiente: a través de los referidos oficios Audirac Murillo ordenaba a Bustos Solís que se transfiriera a la cuenta bancaria 0729001058 de Banorte, abierta a nombre del  “Gobierno del Estado de Veracruz”, una determinada cantidad de millones de pesos.

Los recursos, como el mismo oficio lo señala, debían extraerse de partidas de programas estatales y federales para ser “invertidos en instrumentos financieros que proporcionen los mayores beneficios en el mercado y por ende para el Estado”. El documento concluía que el dinero sería regresado con los referidos beneficios “a la brevedad”.

Pero el dinero no fue regresado… ni a la brevedad ni nunca. Se desconoce qué supuestas inversiones bancarias o de cualquier tipo se realizaron con los más de 2 mil 300 millones de pesos extraídos con el referido modus operandi.

Cabe señalar que los oficios por los que se autorizaron estos traspasados fueron dirigidos también a Jorge Sahid Manzur, director Administrativo del Régimen Estatal de Protección Social. La Fiscalía presume que él pudo autorizar la salida del dinero incluso sin el consentimiento de Bustos o falsificando sus firmas.

Los investigadores han establecido que a la referida cuenta de Banorte, bajo control de la Secretaría de Finanzas, era manejada de forma exclusiva por Antonio Tarek Abdalá, quien en ese momento fungía como tesorero del estado.

Para cambiar el dinero de las cuentas se utilizaba el sistema de transferencias interbancarias denominado SPEI. Animal Político ya publicó que fue justo con este tipo de pagos SPEI como se hicieron transferencias a empresas fantasma.

Por este caso hay varios implicados, algunos ya detenidos y otros con órdenes de aprehensión vigentes que no se han dado a conocer para no entorpecer las investigaciones.

Uno de los principales implicados es el exsecretario de Finanzas, Mauricio Audirac, detenido en Puebla en marzo pasado y a quien se le decretó un año de prisión preventiva mientras se desarrolla su proceso penal por este caso.

En el caso de Tarek Abdalá, éste se encuentra actualmente en proceso de desafuero debido a que es diputado federal. La Fiscalía de Veracruz le imputa responsabilidades en este y otros desvíos de recursos.

Nueva acusación en la extradición

El pasado 18 de abril, la Fiscalía de Veracruz entregó a la PGR y a la Secretaría de Relaciones Exteriores la solicitud formal para adherirse al proceso de extradición que se sigue en Guatemala al exgobernador Javier Duarte. Lo anterior para que el exmandatario enfrente en México los posibles juicios derivados de las dos órdenes de aprehensión giradas por jueces en Veracruz.

El fiscal Jorge Winckler hizo llegar a las referidas instancias federales los documentos relacionados con estas dos órdenes de captura asentadas en las causas penales 56/2017 y 38/2017, ambas emanadas de jueces de control adscritos al Distrito Judicial en Xalapa.

Originalmente, la detención de Duarte en Guatemala se hizo en cumplimiento a una orden de detención provisional con fines de extradición relacionada con una orden de aprehensión que la PGR obtuvo, en octubre pasado, en contra de Duarte por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita

La PGR cuenta ahora con 60 días para solicitar formalmente y por escrito la extradición de Duarte. En ese sentido analiza incluir en la misma los casos consignados por la Fiscalía de Veracruz y no solo las investigaciones federales.

En una entrevista radiofónica, el subprocurador de Asuntos Jurídicos e Internacionales de PGR dijo que aún no es seguro que esto ocurra pues tienen que verificarse las disposiciones establecidas en el Tratado de Guatemala y el margen que existe para que no se vaya a incurrir en una irregularidad que ponga en riesgo el procedimiento de extradición.

Defensa analiza “combatir” extradición

La defensa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, analiza como uno de los posibles escenarios a tomar, en las próximas semanas, el “combatir” (impugnar) la solicitud formal de extradición que en su momento México entregue vía diplomática al gobierno de Guatemala.

Esta semana, en una primera audiencia, Duarte dijo que se reservaba su derecho de allanarse o no a la extradición.

Su abogado Alejandro Jaimes dijo en entrevista con Animal Político que si bien el allanamiento sigue siendo una opción, también lo es el “combatir” la solicitud por lo que será fundamental conocer el contenido que presente el gobierno mexicano.

Lo que la defensa verificará, detalló Jaimes, es si la solicitud formal cumplirá con las formalidades establecidas en los tratados entre México y Guatemala; si los delitos por los que Duarte es reclamado están homologados en ambos países; entre otros puntos.

Además, en una entrevista radiofónica en el programa Ciro Gómez Leyva Por la Mañana, el defensor dijo que también analizan las condiciones en que se desarrolló la audiencia inicial, donde se dio a conocer a su cliente el proceso de extradición, pues consideró que se incumplieron con medidas mínimas de seguridad.

El litigante confirmó que a través de un abogado asociado a su despacho, Francisco Campuzano, darán seguimiento al proceso en Guatemala.