La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) está en contra de la iniciativa del senador de Morena Napoleón Gómez Urrutia que duplica el pago de salarios caídos a trabajadores despedidos de forma injustificada, y así lo notificó al Senado, en un informe en el que la dependencia responsable de la conducción de las relaciones obrero-patronales utiliza los mismos argumentos que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y otros organismos del sector privado.

En un documento que hizo llegar, el pasado 25 de septiembre, a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, que encabeza Gómez Urrutia –cuando ya estaba listo el dictamen para modificar el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) y eliminar la disposición de 2012 que estableció un tope de 12 meses al pago de salarios caídos–, la STPS, que encabeza Luisa María Alcalde, expresó su rechazo absoluto a lo que consideró una contrarreforma laboral.

No existe ningún elemento de sano juicio que refiera o establezca que retroceder históricamente en este caso es benéfico, y sí por el contrario es tangible que aún existen procedimientos laborales que con el artículo 48 vigente antes de la reforma de 2012 aún no se concluyen, resaltó la STPS, al citar una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 2016.

Antes de la reforma laboral de 2012, el artículo 48 establecía la obligación de los patrones de cubrir al trabajador que hubiera ganado la demanda por despido injustificado el monto de salarios vencidos durante todo el lapso que durara el juicio.

Regresar a tal disposición, como propone el senador Gómez Urrutia, sería retornar a medidas que afectaban los derechos de la sociedad, en particular la dilación de los juicios laborales, así como la quiebra de las fuentes de trabajo, al obligar al pago de laudos insostenibles.

Señala además que la reforma propuesta no es justa, porque no establece un plazo objetivo ni impide las prácticas indebidas que tenían como resultado resoluciones costosas que en muchos casos llevaban a la quiebra o desaparición de los centros de trabajo, principalmente pequeñas y medianas empresas, al obligar a pagar el laudo, aun cuando no se tenía la solvencia económica para hacer frente a las cantidades que se llegaban a generar.

Acto de justicia

En la exposición de motivos de la iniciativa, el senador Gómez Urrutia indica que su propuesta es un acto de justicia para los trabajadores, quienes no son responsables de que se alarguen los juicios debido a maniobras de los abogados patronales. Se expone asimismo que la reforma viola el principio de progresividad y derechos humanos de los trabajadores.

En su escrito, la STPS utiliza la tesis jurisprudencial de la Suprema Corte del 2016 para sostener que ello es falso y en escritos remitidos también a la Comisión de Trabajo del Senado, días después, el CCE, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) citan esa misma tesis y utilizan los mismos argumentos que la dependencia que tiene como titular a Luisa María Alcalde.

Antes de la reforma laboral de 2012, la prolongación de los litigios provocaba que los salarios vencidos fueran de tal magnitud que no guardaban relación con el tiempo laborado por el trabajador, y se traducía como una sanción desproporcionada. Por eso, cuando se limitaron los salarios fue una medida positiva para las partes, resaltan los organismos del sector privado.

Advierten que es una carga económica injusta para el patrón y son la razón por la que muchos negocios cierran y pierden todo su patrimonio, cuando les ejecutan un laudo después de cinco o 10 años.

El dictamen de esa reforma al artículo 48 de la LFT fue modificado, se mantuvo el tope, pero la suma se elevó de 12 a 24 meses, así como los intereses durante 15 meses de 2 a 4 por ciento. En esos términos se aprobó en la Comisión de Trabajo, el martes pasado, la modificación propuesta por Gómez Urrutia.

Ayer, la dirección de Comunicación Social del STPS emitió un comunicado en el que expresa su respeto irrestricto a los trabajos del Senado de la República y sostiene que se mantiene una eficaz comunicación con el Congreso de la Unión, se comparten las inquietudes de los legisladores y se respetarán las determinaciones que tomen.