La Fiscalía General de la República (FGR) reestructurará la investigación de La Estafa Maestra como delincuencia organizada y no como casos aislados.

En conferencia de prensa para dar un balance por sus primeros 100 días de trabajo, el fiscal Alejandro Gertz Manero dijo que la organización de la red que permitió el desvío de más de 5 mil 800 millones de pesos “no puede ser producto de 23 casos aislados” y puede tratarse más bien de un posible delito de estado.

Detalló que sobre este caso hay 21 procesos iniciados; 5 vinculaciones a proceso; 2 audiencias pendientes 2, y 4 carpetas de investigación pendientes. 

“Debió investigarse desde inicio la hipótesis de colusión para organizar un enorme saqueo desde el poder y será necesario reestructurar todo desde perspectiva de delincuencia organizada y que posiblemente fue encubierto todo por el Estado”, comentó el fiscal.

Once dependencias del gobierno federal otorgaron contratos ilegales a 186 empresas, muchas de ellas fantasma, a través de universidades públicas que se encargaron de la subcontratación de servicios.

Resaltó que el mecanismo aplicado en la Estafa Maestra “se sabe desde hace años porque así lo dijo la Auditoría Superior de la Federación, por lo que se tuvo que haber investigado seriamente lo que se había denunciado por años”.

Sobre la pocas vinculaciones a proceso que se han obtenido, acotó que se “han caído por investigaciones flojas de inicio o criterios de jueces muy estrictos”.

Sobre el caso Odebrecht declaró que fue la entonces Procuraduría General de la República (PGR) la que inició la investigación en 2017 sin dar resultados a la fecha, razón por la cual, la FGR ha repuesto en buena parte todo el proceso, y en un lapso no mayor a 60 días “se judicializará el caso bajo la hipótesis de delincuencia organizada”.

Con relación a la investigación de Ayotzinapa informó que la Fiscalía repondrá el procedimiento de investigación en todo lo que sea necesario para esclarecer los hechos.

En tanto que de la investigación de la explosión de Tlahuelilpan, donde murieron 132 personas, la FGR ha realizado 138 entrevistas, 117 dictámenes periciales, y ha establecido una secuencia cronológica de los hechos.  

De acuerdo con el fiscal, ya se identificaron a quienes convocaron a las personas al sitio de la explosión  siniestro y a quienes provocaron incendio, aunque “hay discrepancias aún”. Para este caso se recibirá apoyo el FBI y se investigarán también los protocolos de Pemex.

Carpetas sin resolver, impunidad y lucha contra la corrupción

Como parte de su informe, el fiscal informó que a su llegada a la dependencia encontró un rezago de 300 mil averiguaciones y carpetas sin resolver y no había mecanismo de seguimiento.

Acotó que había 21 mil órdenes de aprehensión sin cumplir por la policía de la extinta PGR y más de 3 mil dictámenes de peritos rezagados.

Señaló que del total de delitos, solo el 5% son del fuero federal y el 95% restante del fuero común, y que su dependencia ha asumido los casos que le corresponden.

En cuanto al número de elementos registraron 4 mil policías que tenía a su servicio la PGR, de los cuales solo 800 se usaban como escoltas o para resguardar instalaciones, más no para investigar.

“También encontramos gastos injustificados e inútiles en viáticos servicios de apoyo (…) falta de control en el uso de más de 4 mil vehículos con un importante número de coches blindados (…) uso irracional de la flota aérea y compra de aeronaves a precios inflados”, declaró.

Para atender este rezago, además de otras 30 mil nuevas denuncias, la FGR ha creado el modelo único de oficialía de partes en todas sus áreas. Además de implementar un sistema de evaluación de resultados para detectar retrasos o desviaciones en funciones del Ministerio Público al atender carpetas y supervisores puedan intervenir para corregir.

Con estas medidas se logrará un mejor control de funcionarios que atienden casos para que haya seguimiento y evaluaciones.

En otros temas, el fiscal general informó que del 1 de diciembre a la fecha, el gobierno federal ha presentado 12 mil denuncias por posible corrupción, de las cuales se han judicializado más de 400 casos con más de 620 detenidos.

En lo que respecta a la austeridad se eliminaron mil plazas de alto nivel inútiles o injustificadas en la FGR, con lo que se logró un ahorro de 564 millones de pesos, en comparación con el año anterior.