Tras la revelación de una presunta actuación irregular por parte de quien estuvo interinamente al frente de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), autoridades estatales han informado que se abrió una investigación en torno a los hechos y que, en caso de probarse un hecho ilegal, se sancionará a quien o quienes resulten responsables.

Como se recordará, VANGUARDIA dio a conocer este lunes la existencia de un presunto caso de sustracción ilegal de un menor de la Casa Hogar de Torreón, hecho que se habría registrado a merced de un ejercicio abusivo de funciones por parte de Mayela Reyes Gómez, quien actuó como encargada del despacho de la Pronnif.

A través de un comunicado, el Gobierno del Estado precisó que la investigación del caso se inició el pasado 1 de junio y que “ya concluida se deslindarán responsabilidades correspondientes y se sancionará de acuerdo a la Ley a quien o quienes hayan cometido una irregularidad sean o no funcionarios públicos”.

Con independencia de las conclusiones que arroje la investigación, sin duda debe saludarse el hecho de que la administración estatal informe con puntualidad sobre los hechos y precise las acciones que ha emprendido para esclarecer lo ocurrido.

Porque el solo hecho de que episodios como este no sean echados en saco roto constituye un signo de aliento, no solamente en la reconstrucción de la confianza ciudadana en un sistema tan delicado como el de adopción de menores, sino en términos del combate a los excesos en el ejercicio del poder público.

Si la hoy exfuncionaria –o alguien más– es responsable o no de haber incurrido en un hecho irregular será algo que tendrán que determinar las investigaciones. Y las conclusiones que arroje dicho trabajo serán juzgadas en su momento. Pero lo importante, en primera instancia, es que los hechos se investiguen.

Desde luego, ahora lo importante es que la indagatoria se conduzca de manera pulcra, que se determine con precisión los hechos en torno al caso y que se emita una resolución apegada a las normas.

Al respecto habrá que insistir en que el sistema mediante el cual el Estado entrega menores huérfanos a una familia no puede ser concebido como un simple mecanismo burocrático, en el que los resultados sean evaluados sólo mediante el análisis de cifras.

Y por ello justamente es que cualquier abuso en las reglas del modelo resulta inadmisible, pues permitir que tales actos quedaran en la impunidad abre la puerta a normalizar conductas que repercuten directamente en el proyecto de vida de seres humanos que requieren de una protección reforzada debido a su estado de indefensión.

Se ha dado un buen primer paso al ordenar la investigación de los hechos. Cabe esperar que los siguientes pasos sean igualmente asertivos y que la conclusión de la investigación sirva para que todos tengamos confianza en que el sistema de adopción en Coahuila opera conforme a las reglas.