Erika Arredondo, de 42 años, no puede olvidar los tres días en los que pasó preguntando si tenían a su hijo al interior del cuartel de la Secretaría de Marina (Semar) en la avenida Leona Vicario de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Todo comenzó el 19 de febrero de 2018. Fue cuando recibió el aviso de que Julio César Viramontes Arredondo, de 23 años, había sido embestido por un vehículo de la Armada de México mientras transitaba en un coche con otra persona.

Ella, que se encontraba en Houston, Texas, Estados Unidos, cruzó inmediatamente a México para ver qué había ocurrido. Llamó a la puerta del cuartel, buscó en hospitales y comandancias de policía, pero nada. Ni una sola pista más allá de lo que le dijeron los testigos del choque: “se lo llevaron los marinos”.

“Me pudo haber escuchado que yo estaba ahí. Porque duré días afuera de ese cuartel. Los marinos lo negaban, pero ahora dicen que sí estuvo ahí. Eso hace más grande mi coraje, más grande mi dolor, porque estuve cerquita de él y no pude sacarlo”, dice Arredondo en entrevista con Animal Político.

Desde aquella terrible semana la mujer no ha vuelto a saber nada de su hijo. Desesperada por la pasividad de las autoridades, exige saber qué hicieron con él y que se castigue a los culpables.

No es la única en esta situación.

Julio César es uno de los 47 desaparecidos entre enero y junio de 2018 en Nuevo Laredo que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a través de 34 carpetas abiertas.

Para familiares como Erika Arredondo la respuesta sobre qué ocurrió con las víctimas es clara: “fueron los marinos”.

Documentos a los que tuvo acceso Animal Político revelan que las sospechas se centran en la Unidad de Operaciones Especiales (UOPES) de la Armada, la unidad de élite que se encarga de los grandes operativos contra el crimen organizado en México.

Al frente de aquel operativo se encontraban dos mandos: el almirante Marco Antonio Ortega Siu, jefe de la unidad de operaciones especiales de la Semar en el momento de los hechos, y Alfredo Reyes Mondragón, capitán de fragata al frente de la Base de Operaciones de Marina en Nuevo Laredo hasta junio de ese año. El primero es conocido porque se le atribuyó estar detrás de la recaptura de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, líder del cartel de Sinaloa.

Un juez de Reynosa, Tamaulipas, ha encontrado indicios que vinculan a nueve de los subordinados de Ortega Siu y Reyes Mondragón con la desaparición forzosa del hijo de Erika Arredondo. Se trata de la primera de las 34 carpetas que pasa a ser judicializada.

Estas investigaciones refuerzan la tesis que durante más de dos años repitieron las familias: que los posibles responsables de aquella ola de crímenes serían los mismos marinos que fueron enviados a Nuevo Laredo para, supuestamente, luchar contra la delincuencia organizada. Que fueron los marinos los que, presuntamente, desaparecieron o ejecutaron a 47 personas en seis meses que duró su despliegue.

Se trata del mayor caso de desapariciones forzosas registrado en México desde los 43 estudiantes de Ayotzinapa, a los que se busca desde septiembre de 2014. En este caso los delitos no se registraron el mismo día, sino que tuvieron lugar en un lapso de tiempo de seis meses, aunque se consideran parte de los mismos hechos. En muchos de los casos hay testigos e incluso videos que señalan a los marinos como presuntos responsables. Es decir, hay sólidos indicios de la participación de funcionarios del Estado en estos crímenes.

Según la FGR, 25 víctimas les siguen buscando, otras tres fueron encontradas con vida mientras que 19 fueron halladas muertas, la mayoría abandonadas en parajes de Nuevo Laredo, Coahuila y Nuevo León. Entre estas últimas se incluyen menores de edad como José Eugenio Hernández Romero, de 14 años y cuyo cuerpo apareció semienterrado en la carretera hacia Piedras Negras el 28 de abril o Heidi Méndez Echeverría, de 17 años y que fue encontrada muerta junto a su esposo, Jesús Roberto Ramos Martínez, el 6 de mayo de 2018.

Tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Amnistía Internacional (AI), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y un Juez Federal Mexicano, en uno de los casos que ya fue judicializado, han dicho que existen suficientes pruebas para sostener lo que las familias de los muertos y desaparecidos han dicho en diferentes instancias: que sus allegados fueron secuestrados por elementos de la Semar, que se los llevaros en diversas situaciones. Algunos fueron capturados en su propia casa; otros, tras registrarse una persecución o un choque vehicular y, algunos, cuando caminaban por la calle.

La FGR explicó a Animal Político que baraja dos líneas de investigación iniciales por los 22 asesinatos extrajudiciales y las 25 desapariciones forzadas, que se encuentran en 34 carpetas de investigación: la primera, que los marinos secuestraron, desaparecieron y posiblemente asesinaron a estas personas; la segunda, que fueron criminales disfrazados como marinos los que secuestraron, desaparecieron y posiblemente asesinaron a estas personas.

El único caso llevado a un Juez Federal confirma ahora que los implicados son elementos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina, lo que apuntala la versión de las víctimas, que sostienen que se trata de una estrategia sistemática por parte de las fuerzas federales.

La Semar declinó ofrecer información sobre este caso pendiente de resolución judicial. Sin embargo, a pregunta de Animal Político insistió en que “colabora y brinda toda la información solicitada por esas autoridades, para el desarrollo de todos los casos en que personal naval se ve sujeto a investigación”.

El marino al que se atribuye la recaptura del Chapo... lee la nota completa en ANIMAL POLÍTICO