La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas tiene abiertas tres carpetas de investigación por “abuso de autoridad” vinculadas al supuesto búnker VIP existente en el Hospital de Especialidades Vida Mejor, del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), ubicado en Tuxtla-Gutiérrez.

La causa abierta contra el doctor Vicente Grajales Yuca, detenido y encarcelado el 25 de julio tras ser acusado de apropiarse de una bomba de inducción donada por la familia de un paciente que falleció, fue el punto de partida.

Al hacerse público el caso, diversos particulares se pusieron en contacto con la Fiscalía para presentar sus propias denuncias. Se investiga la existencia de un espacio al interior de un hospital público destinado a personalidades que contraían COVID-19, que no eran derechohabientes, pero que recibían un trato preferencial.

Actualmente en la FGE hay cuatro carpetas de investigación abiertas en relación al hospital Vida Mejor. La primera es contra Grajales Yuca, que actualmente está en prisión domiciliaria y que reivindica su inocencia. Las otras tres son contra directivos de la institución médica cuya identidad no ha trascendido.

Las grandes interrogantes: si existió el búnker VIP para enfermos COVID-19 en el hospital, quién lo organizó y quién se benefició de esta estructura privada al interior de un centro público.

“Hay zona Covid VIP y hay pruebas”, dijo Juárez Navarro en una conferencia celebrada el miércoles en Tuxtla-Gutiérrez. Según el abogado, la investigación “ya no apunta a Grajales, sino a altos rumbos”.

La defensa de Grajales Yuca, ejercida por el abogado Antonio Juárez Navarro, mantuvo recientemente encuentros con el fiscal general de Chiapas, Jorge Llaven Abarca, y se ofreció para aportar pruebas sobre la existencia del búnker VIP.

Asegura tener testimonios, fotografías y aporta datos como la existencia de ventiladores mecánicos “de última generación” que “no podían ser utilizados por los derechohabientes”.

Animal Político consultó con el departamento de comunicación social del hospital Vida Mejor, que explicó que la institución no tiene previsto ofrecer entrevistas mientras duren las investigaciones.

Por el momento, los directivos del Vida Mejor están siendo investigados en las tres carpetas abiertas por la FGE.” Se están realizando todas las diligencias para integrar las carpetas y que los delitos no queden impunes”, dijo la Fiscalía.

La existencia de este supuesto búnker fue denunciada tras el operativo contra el doctor Grajales Yuca, detenido el 27 de junio por un presunto delito de abuso de autoridad.

La denuncia la interpuso Karen Alejandra Ramírez, hija de Miguel Arturo Ramírez López, un influyente político de Chiapas que pasó por el PRI, el PAN y el Verde. Ramírez López contrajo COVID-19 y falleció el 7 de julio en el Hospital Vida Mejor.

10 días después, su hija presentó una denuncia ante la FGE acusando al doctor Grajales Yuca de pedirles que compraran medicamentos para su padre y apropiarse de una bomba de infusión, un aparato para dispensar los tratamientos a los pacientes y que está valorado en 42 mil pesos.

Según la denuncia, el doctor pidió a la familia quedarse con el aparato a cambio de dispensar al padre una medicina.

De este modo, contra Grajales Yuca está la denuncia presentada por la hija del paciente fallecido (y sus dos hermanas) y el testimonio de una colaboradora, Ana Paola, que también trabaja en el hospital.

En defensa del doctor está su propio testimonio y el de otra enfermera, que aseguró ante el juez que el doctor jamás tocó esa bomba, que personas que aseguraban ser familiares de Miguel Arturo Ramírez López (en concreto su yerno) dijeron que querían donarla.

Además, la defensa del doctor hizo pública una conversación grabada el 20 de julio, dos días después de que se interpusiese la denuncia, en la que Karen Alejandra Ramírez agradece el trato recibido y reconoce que su padre fue trasladado al búnker VIP por su influencia, ya que él no era derechohabiente.

Cinco días después, Grajales Yuca fue detenido y encarcelado en el Centro de Rehabilitación Social “El Canelo”, de Chiapa de Corzo, bajo la medida de prisión preventiva oficiosa. Allí permaneció una semana hasta que tuvo que ser hospitalizado y después enviado a casa con prisión domiciliaria. El doctor padece una cardiopatía grave por lo que el juez de control estimó enviarlo a casa, aunque todavía vinculado a proceso.

En principio, el juez dio cuatro meses para continuar con las investigaciones. Sin embargo, el abogado Suárez Navarro está convencido de que Grajales Yuca podrá ser exonerado en las próximas horas o días.

La defensa pide un cambio del juez de control, Carlos Inocencio Hernández Urbina, a quien acusa de actuar de forma irregular con su cliente.

Por el momento, el defensor viene manteniendo diversas reuniones con autoridades. Asegura que su objetivo no es llegar a un acuerdo sino, por un lado, presentar las pruebas que exoneran al doctor y, por otro, colaborar con la justicia para perseguir a las personas que estaban detrás de la estructura paralela del hospital.

Grajales Yuca aseguró que jamás se quedó con material médico y que la escasez de insumos era habitual. Una de sus primeras denuncias fue sobre el presunto búnker VIP en el que se atendían a políticos, empresarios y funcionarios que accederían por recomendación y señaló como responsable al director general del Instituto, Alberto Cundapí Núñez.

Según su testimonio, él era quien encargaba al personal estar pendiente de los pacientes que llegaban a esta zona, que estaba aislada del resto y en la que no se atendía a derechohabientes sino a personas influyentes.

El caso del doctor Grajales Yuca ha provocado la solidaridad de colectivos de personal de Salud. El domingo, cientos de personas con batas blancas se manifestaron tanto en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, como en Ciudad de México y en otros puntos del país exigiendo la libertad del médico.