Un total de cinco mil 649 servidores públicos es investigado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por presuntos actos de corrupción en el ejercicio de sus tareas.

El reporte, obtenido por Excélsior mediante una solicitud de información, comprende desde 2012 hasta septiembre de 2016.

La dependencia federal con el mayor número de funcionarios bajo investigación es Pemex Cogeneración y Servicios, con 719; le siguen el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con 511 servidores públicos; el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con 469 expedientes, y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 451.

También, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene a 246 servidores públicos bajo investigación; la de Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación cuenta  a 134 empleados y la de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a 115.

La dependencia federal precisa que en el periodo en total son 12 mil 227 funcionarios sujetos a investigación, incluidos los que ya tienen resolución firme y los investigados a los que se emitió una sentencia absolutoria.

En 2012 hubo más funcionarios sujetos a investigación, con tres mil 753.

INDAGAN POR CORRUPCIÓN A 5 MIL 649 FUNCIONARIOS

La Secretaría de la Función Pública (SFP) mantiene bajo investigación a cinco mil 649 funcionarios por presuntos actos de corrupción cometidos de 2012 a septiembre de 2016.

La dependencia de la administración pública federal con el mayor número de funcionarios bajo escrutinio es Pemex Cogeneración y Servicios, con 719; le siguen el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con 511 servidores públicos; el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con 469 expedientes, y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 451.

El desglose muestra que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) tiene a 246 servidores públicos bajo investigación; la de Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación tiene a 134 empleados y la de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a 115.

Destacan también los casos de funcionarios que trabajan con programas sociales. Tal es el caso del Programa de Inclusión Social Prospera, en el cual 55 empleados tienen abierta una indagatoria.

Entre las instituciones de educación, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) tiene a 84 servidores bajo averiguación; en la Secretaría de Educación Pública (SEP), a 22 y en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), a cinco.

La información muestra que en 2012 fueron mil 243 funcionarios sujetos a indagatoria; 2013, con mil 231; 2014, con mil 196; 2015, con mil 241 casos y, de enero a septiembre de este año van 738.

La Función Pública no precisa nombres de los servidores públicos involucrados, toda vez que la Ley de Protección de Datos Personales lo restringe cuando hay una averiguación previa.

De acuerdo con información obtenida por Excélsior, a través de una solicitud de información, la dependencia señala que en el periodo de 2012 a septiembre de 2016 en total son 12 mil 227 funcionarios sujetos a investigación, incluidos los que tienen ya resolución firme y los investigados a los que se emitió una resolución absolutoria y se archivó por falta de elementos.

Explica que en 2012 hubo más funcionarios sujetos a investigación, con tres mil 753; 2013, con dos mil 890 y 2015 llega a dos mil 137.

El número de funcionarios investigados y que se emitió una resolución firme en este lapso fue de mil 29, en el que el mayor número de resoluciones de este tipo fue en 2014, que llegó a 309.

Se dice que la resolución es firme cuando la sanción no es impugnada; es decir, si a un funcionario lo amonestan y no reclama, o bien, si se interpone un juicio de nulidad.

Pero en el caso de que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa le da la razón a la dependencia, se confirma la amonestación.

Asimismo, no hay un plazo para que se dictamine una resolución; sin embargo, con el Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas (Sidec), si un ciudadano interpone una denuncia, la respuesta no podrá rebasar 120 días hábiles.

UN CASO RECIENTE

Apenas la semana pasada, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) denunció que detectó que 493 promotores sociales cobraron 19 millones de pesos al hacerse pasar como beneficiarios del Programa de Adultos Mayores, a los que se suspendió y se les denunció ante la PGR.

El mismo secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, relató que los empleados incluso usaron sus huellas, y “desde junio de 2015 se presentaron irregularidades en los programas, especialmente en el de Atención de Adultos Mayores, principalmente en Veracruz y Tabasco”, explicó.

El abogado de la Secretaría, David Garay Maldonado, refirió que se encontraron tres mil 989 registros falsos con los que se pudo cobrar el dinero a través de la pensión del Programa 65 y Más.