Investigadores de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional, del CIDE y de los Centros Públicos de Investigación, cerraron filas para pronunciarse contra de la iniciativa de Morena que pretende desaparecer 44 fideicomisos de la administración pública, de los cuales 32 son de ciencia y tecnología. Consideran que los argumentos de los diputados son equivocados y de aprobarse la propuesta, significará una parálisis en el desarrollo de la ciencia en nuestro país. 

El dictamen que se discutirá mañana martes sostiene que la extinción de los fideicomisos tiene como objetivo eliminar la opacidad y la discrecionalidad en el uso de recursos públicos y establece que el dinero que se obtenga será reasignado. 

Sin embargo, en entrevista para Latinus, Miguel Rubio, director del Instituto Nacional de Ecologíay presidente del Consejo de Centros Públicos de Investigación, explicó que el dinero de los fideicomisos de ciencia y tecnología no viene del presupuesto público.

“Es dinero que nosotros generamos por servicios que hacemos, por convenios de colaboración o por donaciones de terceras personas”, señaló. 

El investigador del CIDE, Mauricio Merino, añadió que los recursos también pueden provenir de concursos, convocatorias, fundaciones, organismos internacionales y de instituciones privadas que deciden apoyar investigaciones científicas de largo aliento. 

“Extinguir esos fideicomisos implicaría dejar de cumplir con todas esas organizaciones, suspender las investigaciones derivadas de esos apoyos y entrar en una zona de litigio franca porque hay compromisos asumidos. Ese dinero no se recibe para ver en qué se gasta, se recibe para proyectos concretos”.  

Ambos añadieron que de aprobarse la iniciativa, los recursos de los fideicomisos ni siquiera pasarían a la Federación. Por ley tienen que regresar al instituto o centro de investigación del que provienen. Explicaron que los fideicomisos son un instrumento que permite la operación de los centros de investigación sin que haya limitaciones de tiempo por los ciclos fiscales. 

No hay opacidad, ni discrecionalidad

La doctora Alma Maldonado, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav), afirmó que no se puede hablar opacidad o discrecionalidad en el caso de los fideicomisos de ciencia y tecnología.

“Hay todo un mecanismo de rendición de cuentas que ya quisiéramos ver en otras áreas el Gobierno Federal. En un fideicomiso para gastar un peso, tienes que pasar por toda una serie de mecanismos”.

La investigadora se refiere a las reglas de operación, que incluyen rendición de cuentas en al menos tres partes del proceso: 

1.-No sepuede ingresar dinero a los fideicomisos si no se tiene autorización del órgano de gobierno, que está conformado por Conacyt, la Secretaría de Hacienda y otros actores del Ejecutivo Federal. 

2.-Para utilizar el dinero se tiene que pedir permiso al Comité Técnico, donde tienen un asiento permanente la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda. 

3.-Cada año hay informes sobre la utilización de los recursos y estos son revisados por la Auditoria Superior de la Federación. 

Al referirse a estos mecanismos, el doctor José Antonio Lazcano, investigador de la UNAM y miembro del Colegio Nacional, coincidió en que no hay ningún “manejo oscuro” del dinero. Calificó de chantaje el argumento del diputado de Morena, Mario Delgado, de que el dinero es necesario para atender la pandemia.  

“Si se trata de resolver la emergencia sanitaria, que se acabe con la Oficina Presidencial para la Promoción del Béisbol. Que se acabe con el gasto de la refinería de Dos Bocas, del Tren Maya, del Aeropuerto Felipe Ángeles. Ahí hay una cantidad enorme de recursos que se está tirando a un hoyo negro presupuestal sin fondo”.

¿Y si se aprueba la extinción de los fideicomisos?

José Antonio Lazcano consideró que la desaparición de los fideicomisos significaría la muerte de muchos proyectos científicos tanto de aplicación inmediata como de ciencia a mediano plazo. Dijo que también afectaría las becas a estudiantes, la actualización de la infraestructura científica del país y se incrementaría la fuga de cerebros.

A decir de Miguel Rubio, en el caso de los Centros Públicos de Investigación este cambio provocaría una parálisis: “Todos los proyectos que han sido aprobados por Conacyt y otras fuentes de apoyo, automáticamente quedarían congelados. Nosotros (Instituto Nacional de Ecología) tenemos cerca de 40 millones de pesos de los aguacateros de Michoacán para hacer investigaciones. Nos meteríamos en una bronca legal gigantesca”. 

Para Alma Maldonado sin los fideicomisos se está poniendo en riesgo la existencia misma de los centros de investigación, pues “no son recursos vitales pera el país, pero si para la ciencia”.

Los investigadores se mostraron sorprendidos porque los diputados de Morena presentaron la iniciativa para extinguir los fideicomisos a pesar de que en tres sesiones de Parlamento Abierto prometieron que no lo harían. El pasado 15 de abril incluso firmaron un comunicado en el que explicaban las razones legales para que los fideicomisos no estuvieran incluidos en el proceso de extinción. 

Ahora la iniciativa señala que su desaparición “no implica que la atención al sector de ciencia y tecnología esté en riesgo”. Para el investigador del CIDE Mauricio Merino, este cambio de opinión se debe a que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, lo ordenó en una mañanera.

“Se trata de un ataque directo, frontal e inequívoco contra la comunidad científica a la que se quiere controlar. Decidir lo que pueden investigar, lo que no, cuánto dinero les darían y cómo apagarlos si sus investigaciones resultan incómodas al Gobierno Mexicano”.

Opinó que extinguir los fideicomisos no equivale a cerrar las instituciones, pero si a impedir que sigan haciendo su función sustantiva.