Mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos investiga si personas armadas amenazaron a dos empleados del IMSS para obligarlos a renunciar, el delegado del Seguro Social negó amedrentar a los trabajadores y aseguró que todo coincidió con la indagación de un asalto.

Jorge García Sánchez y Daniel Silva Vargas presentaron la queja en la CNDH, en la que asentaron que fueron amagados por personas que se identificaron como agentes de la fiscalía.

Ambos eran trabajadores del Seguro Social y estaban sujetos a una investigación interna por malversación de recursos, en la subdelegación del Torreón. Según la queja ante la CNDH, los empleados primero renunciaron en el Seguro Social y luego los subieron  a una camioneta blanca con el logo del IMSS.

El documento de derechos humanos dicta que fue Carlos Rubén Álvarez que se identificó como jefe de jurídicos, dos mujeres supuestas funcionarias de la junta local de conciliación y arbitrajes y dos hombres armados que se identificaron como supuestos agentes de la fiscalía.

A los empleados se les comunicó que habían encontrado inconsistencias después de investigaciones institucionales dentro de expedientes  en el departamento de auditorías. 

En ese instante fue que le dijeron que el Delegado Pablo Francisco Linares Martínez se encontraba detrás de las órdenes.

De acuerdo con la versión los empleados deberán renunciar por temor a que se les afecte su integridad física.

Señalaron que si no firmada se los llevarían esposados “privándonos de la libertad” por un lapso de 32 horas sin derechos a fianza.

Los empleados se defendieron señalando que no eran formas de despedir a personal.

Después de haber firmado las renuncias se les escoltó hasta fuera de la subdelegación de la ciudad de Torreón en done los esperaba una camioneta blanca con el logo del IMSS.

Dicho vehículo los trasladó hasta la Junta de Conciliación y Arbitraje en donde les ofrecieron firmar unas actas ya redactadas.

El documento indicaba que se les liquidaría con cantidades de 54 y 48 mil pesos. Según esta información, se les obligó a firmar este documento con las armas empuñadas. Al terminar el proceso, solicitaron una copia de lo firmado, cosa que se les negó.

Los quejosos pidieron medidas precautorias a Derechos Humanos y asegurar los videos que captarían todo dentro de la subdelegación.  

Robo en una de las instalaciones de la subdelegación Torreón

Por su parte el delegado Pablo Francisco Linares Martínez negó que se le haya pedido la renuncia y mucho menos de con agentes armados. Aclaró que en la delegación sí hubo presencia de agentes armados pero por hechos totalmente aislados: un robo  que se presentó en días anteriores en una de las instalaciones de la subdelegación del IMSS en Torreón.

Añadió que estas dos personas son presuntos culpables de investigaciones internas que se llevan a cabo en la delegación Coahuila y que responden a la estrategia anticorrupción que se libra a nivel federal por órdenes del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Soy defensor de los Derechos Humanos y sería incapaz de pedir una renuncia y mucho menos bajo esta índole. Estamos comprometidos en el marco de la legalidad”.

“A mí me reportaron el día sábado 29 de junio que robaron unas de las instalaciones de la subdelegación. El jurídico dio avisó al MP e iniciaron las indagatorias. Debido a ese hecho sí se presentó personal de la fiscalía. Estos son hechos aislados.

“Nosotros recibimos el día lunes las medidas cautelares por parte de Derechos Humanos. Derivado de estas acciones en donde estas personas se deule de haber sido violentados sus derechos. Le dimos tramite a las medidas cautelares. Nosotrs buscamos cooperar esta investigación y la vamos apoyar.

Añadió que se están realizando actualmente varias investigaciones de corrupción dentro de la delegación acorde a la agenda que ha marcado el Presidente de la República y el Secretario General Javier Guerrero.

Lo que confirmó es que actualmente se llevan varias investigaciones dentro de las delegación y estas dos personas son presunto culpables de algunas de las investigaciones de las cuales se negó a dar detalles argumentando que podrían entorpecer el proceso legal. No dio el número exaco de investigaciones pero mencionó el ejemplo de la duplicación de resetas que tracednió en días anteriores.  Recalcó que no se han pedido renuncias.