CDMX.- La inversión pública productiva dejó de ser el principal motivo de deuda en los estados, dando paso al refinanciamiento, es decir, preferir contratar nuevos créditos para amortiguar la obligación existente antes que mejorar un beneficio social.

Y todo pese a que el objetivo de la Ley de Disciplina Financiera, que entró en vigor en abril del 2016, es promover finanzas públicas locales sostenibles por el deterioro sistemático financiero de algunos estados en los últimos años, éstos continúan adquiriendo deuda.

En los primeros 10 meses del 2017, los financiamientos y obligaciones inscritos en el Registro Público Único ascendieron a 75,497.9 mdp, un crecimiento anual de 210.2%, segúnn datos de Hacienda.

Dicho monto, para igual periodo de análisis, es el mayor desde 1989, primer año que abarca la información, mientras la variación sólo es superada por el 266.8% de 2011.

De los 75,497.9 mdp, repartidos en 117 créditos contratados por 24 estados, 43.4% se destinó a cubrir necesidades de corto plazo, 35.4% a refinanciamiento, 17.5% a inversión pública productiva y 3.7% al rubro de inversión productiva/refinanciamiento (sin especificar proporciones de cada concepto), lo cual significa que de 10 pesos de deuda, menos de dos se dirigen a inversión.

El coeficiente de este rubro (17.5%) es el más bajo desde el 2002 (0.1%), aunque entre enero y octubre de ese año sólo se contrataron dos financiamientos: uno por 1,920.0 millones de pesos del gobierno de Jalisco para refinanciamiento y otro por 1.5 millones del municipio de Ixtlán del Río, Nayarit, con destino a inversión productiva.

Por ejemplo, para dimensionar este panorama, el promedio de la relación de este rubro respecto del total de deuda contratada entre el 2014 y el 2016 fue de 63.8%; en el periodo 2011-2013, de 64.3%; del 2008 al 2010, de 73.0%, y en el lapso 2005-2007, de 88.4 por ciento.

Esto indica que antes los gobiernos contraían obligaciones para inversión productiva, la cual hace referencia a toda erogación por la que se genere un beneficio social, la adquisición de bienes destinados al equipamiento o la adquisición de aquellos para la prestación de un servicio público específico, según información de la SHCP. 

Con información de El Economista