Uno de los oficios que resulta común encontrar en México es el de quienes se dedican “profesionalmente” a la invasión de tierras amparados en la supuesta actividad de “líderes sociales” que pretendidamente buscan beneficiar a personas de escasos recursos.

También es común que tales “líderes” sean activos “dirigentes políticos” que combinan su actividad de invasión de predios con la participación en la arena electoral, actividad con la cual buscan “legitimar” su posición.

En el caso, todo hace indicar, de Édgar Puente Sánchez y Jorge Vargas Carrillo, quienes han sido conocidos en los últimos años como dirigentes locales del denominado Partido Joven y a quienes se identifica también como “líderes” de pretendidos grupos precaristas.

Puente y Vargas fueron identificados ayer como las cabezas visibles de un grupo que invadió un predio propiedad de Grupo Vanguardia ubicado cerca del ejido La Minita hasta donde llegaron con maquinaria pesada misma que utilizaron para derribar el portón de acceso al predio.

No es la primera ocasión en la cual ambos “dirigentes” son señalados de realizar actividades ilegales, ni tampoco la primera en que se comportan como quienes conocer claramente el camino de la impunidad y por ello no temen la acción de las autoridades.

Sería de esperarse, contrario a la actitud de estos “dirigentes políticos” que las autoridades actuaran con eficacia y rigor en su contra a fin de demostrar que en la entidad prevalece el estado de derecho y no es posible pasar por encima de los derechos de nadie sin sufrir las consecuencias.

Que al autoridad actúe con rigor en contra de actos de como este constituye un elemento indispensable para la competitividad de una entidad que desea convertirse en polo de atracción para la inversión extranjera y generadora de fuentes de empleo formal.

Tal circunstancia es indispensable tanto para el caso de las inversiones nacionales como extranjeras, pues nadie querría llevar su dinero a un lugar en donde no existe certeza jurídica y cualquier puede, a su antojo, despojar de sus propiedades inmobiliarias a otra persona.

Se trata claramente de un hecho indeseable que existan personas que actúen amparados en el velo de la impunidad y aún más que exista la posibilidad de que lo hagan porque su incursión en la vida política del Estado es lo que les llevaría a conquistar tal impunidad.

Nadie puede negarle a otra persona la posibilidad de que incursione en la vida pública o que abandere causas sociales, pero existe un abismo de distancia entre hacer tal de forma legítima y parapetarse en la actividad para intentar pasar por encima de los derechos de terceros.

En Grupo Vanguardia confiamos que las autoridades estatales no permitirán que la impunidad se instale en nuestra realidad y actuarán aplicando la ley sin contemplaciones para castigar estos actos.