En el 2015, la Auditoría Superior del Estado encontró reincidencia en 22 municipios y seis dependencias que hicieron descuentos a sus empleados y los entregaron a partidos políticos (PRI, PAN y UDC), violando de esta manera la Ley; el Auditor advirtió que de no reintegrar el dinero a los trabajadores, entonces intervendría la Procuraduría General de Justicia del Estado.

En el Informe de la Cuenta Pública 2015 se advierte que los municipios cobraron indebidamente cuotas a los empleados para enterarlas posteriormente a partidos políticos, por un monto de casi 8 millones de pesos.

La Auditoría también hace referencia a que en el 2014, se presentaron denuncias en contra del Ayuntamiento de Torreón, precisamente por el descuento vía nómina de cuotas para el PRI, por lo cual el Tribunal Electoral Federal en su sala regional de Monterrey ya se pronunció al respecto.

De acuerdo con el Auditor, Armando Plata, de los municipios de 2014 que también cobraron cuotas indebidas a sus trabajadores para transferirlas a partidos políticos, PAN, PRI y UDC, sólo Sabinas reintegró el total a sus trabajadores y de esta manera queda libre de alguna queja administrativa o bien denuncia penal.

Sin embargo, la práctica continuó y ahora se involucra a 22 municipios así como a institutos de la administración estatal que habrían retenido alrededor de 633 mil pesos a empleados, también para entregarlos a un partido político.

Los institutos involucrados son el Instituto de Pensiones, el Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa, la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento, la Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico, el Instituto de Capacitación para el Trabajo y el Instituto del Deporte. 

“La retención de salarios y la posterior transferencia de los recursos a los partidos políticos, efectivamente se traducen en una violación al mandato del artículo 134 de la Constitución Federal y del artículo 27 de la Constitución del Estado, pues implica el uso de recursos públicos para beneficiar a un partido político”, señala el Informe de ASE.

Esta misma práctica fue sancionada por el Tribunal Electoral de la Federación en el caso de Torreón, en donde se solicitó al Cabildo local que imponga una sanción.