La mayoría de los mexicanos tienen la certeza de que los dos más grandes problemas del país son la inseguridad y la corrupción, por encima incluso de los desafíos económicos, y es ahí donde hay que buscar las causas del malestar que prevalece en amplios sectores de la población y que recurrente y justificadamente opacan todo tipo de avances en otras áreas, sostuvo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón.

A dos semanas de que sean votados los dictámenes sobre la reforma anticorrupción en el Congreso de la Unión, el CCE y la International Chamber of Commerce, anunciaron una serie de cátedras, talleres y programas de acompañamiento para estudiantes y empresarios enfocados a fortalecer la ética empresarial, sensibilizar a funcionarios en materia de mejora regulatoria y realizar capacitaciones para lograr mejores prácticas contra la corrupción, cohecho y extorsión.

El dirigente recordó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental difundida la semana pasada por el INEGI, 90 por ciento de los ciudadanos ve como un fenómeno frecuente la corrupción y 85 por ciento percibe que su ciudad es insegura, juicio que igual al que prevalece entre los agentes económicos y el sector empresarial, nacional e internacional, como muestran los índices y rankings internacionales.

“Estamos entre los países con peor evaluación en el mundo en desviación de fondos públicos o fiabilidad de las policías”, señaló el dirigente.

En su mensaje semanal, Castañón señaló que el costo de la corrupción es de 2 a 10 por ciento del PIB según distintas estimaciones, y 5 por ciento de las ventas anuales de las empresas.

Consideró que tanto gobierno, como partidos políticos, sociedad e iniciativa privada, deben coincidir en la necesidad y la urgencia de consolidar el Estado de derecho y la justicia en México, la gran deuda de la transición democrática, por lo que los dictámenes que se estarán construyendo esta semana en comisiones del Senado, que deberán ser votados en el periodo extraordinario de sesiones previsto del 13 al 18 de junio, son una oportunidad irrepetible para marcar un punto de inflexión.

Entre los puntos que destacó sobre los dictámenes que se discuten, dijo que se deben encontrar caminos para tener una Auditoría Superior de la Federación, con atribuciones que le permitan intervenir en cualquier investigación en tiempo real; reforzar la figura de la Secretaría de la Función Pública, los tribunales especializados y la fiscalía especializada, realmente independiente y competente, que puedan investigar, llevar a juicio y lograr la sanción a los corruptos.

Agregó que no debe olvidarse la ley de responsabilidades administrativas 3 de 3 que permitirá observar el desempeño honesto de los funcionarios públicos.

Por último, consideró “importantísimo” conservar el espíritu de un consejo ciudadano que le dé seguimiento al sistema y que pueda determinar hacer los ajustes que sean necesarios, para rendir frutos, obtener resultados y alcanzar los indicadores de disminución de la corrupción que tanto afecta a los mexicanos.