La reforma constitucional en materia de derechos humanos propuesta por el Ejecutivo de Coahuila será un nuevo modelo de protección en la materia y una puerta que pocos estados están dispuestos a abrir, señaló Hugo Morales.

Durante el Conversatorio “La iniciativa de Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos propuesta por el Ejecutivo del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza”, el ombudsperson coahuilense dijo que esta propuesta no es todavía una realidad en alguna otra entidad del País.

“Sin embargo, el solo hecho que se proponga en Coahuila, hace necesario su análisis, incluso en materia federal”, dijo.

IMPORTANTE POR LOS ALCANCES

Morales Valdés mencionó que la iniciativa, presentada el pasado 13 de noviembre en el Congreso del Estado, no nada más es importante por las facultades que la propia CDHEC puede llegar a tener.

“Sino que además faculta a los ciudadanos para que puedan por sí mismos interponer algunas acciones de inconstitucionalidad, de constitucionalidad y de defensa de los derechos humanos, una puerta que pocos estados están dispuestos a abrir”, expresó

“Prácticamente todas las autoridades en materia de Derechos Humanos reconocen en esta iniciativa, lo que seguramente será un nuevo modelo de protección en materia de derechos humanos”, añadió.

Cabe señalar que esta reforma también hace obligatorias para las partes denunciadas  la contestación a las recomendaciones, para que éstas no solamente se queden en el papel.

UN ESPACIO DE REFLEXIÓN

El Conversatorio fue inaugurado por el secretario de Gobierno José María Fraustro Siller, en el Museo “Vito Alessio Robles”.

En su intervención, el funcionario estatal, quien acudió en representación del gobernador Miguel Riquelme, recordó que desde el inicio de la actual administración, el mandatario estatal señaló que Coahuila sería una entidad protectora y garante de los derechos humanos.

Añadió que con la iniciativa en estudio, se busca modificar las normas y los procedimientos relativos a los derechos humanos en Coahuila, con la finalidad de expedir instrumentos y crear organismos locales que permitan a los ciudadanos tener un mejor acceso a los derechos humanos.