WASHINGTON.- El Senado de EU realizó este martes una audiencia sobre el programa DACA, que beneficia a inmigrantes indocumentados traídos por sus padres o familias en la infancia, luego de que el presidente Donald Trump decidiera dar por terminado gradualmente el beneficio a los jóvenes amparados por la iniciativa conocidos como “dreamers” o soñadores.

El republicano Chuck Grassley fue el encargado de iniciar la audiencia argumentando que el programa era inconstitucional, aunque luego argumentó que “todos sentimos empatía con los jóvenes que vinieron aquí sin que fuera su culpa”.

“Es hora de encontrar un camino hacia el consenso”, enfatizó el jefe de la Comisión Judicial del Senado.

Por su parte el secretario adjunto de Política Fronteriza, Inmigratoria y de Comercio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Michael Dougherty dijo que no tiene de parte del Gobierno de Estados Unidos, instrucciones específicas para ir tras ningún beneficiario del DACA”.

Asimismo, la secretaria encargada del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Elaine Duke, pidió este martes a los casi 50 mil “soñadores” que aún no han renovado su permiso migratorio o permiso de trabajo, a que hagan la diligencia antes de que se venza el plazo este jueves.

“Para aquellas personas que todavía pueden solicitar la renovación de su acción diferida bajo DACA, pero aún no lo han hecho, les insto a que hagan de ello una prioridad”, indicó Duke en un comunicado.

MÁS DEBATES
Entre tanto, la Corte Suprema de Estados Unidos debatió por segunda vez si el gobierno puede detener a un inmigrante considerado para deportación por tiempo indefinido sin otorgarle una audiencia.

El asunto no fue resuelto el año pasado, probablemente porque el máximo tribunal, entonces de ocho jueces, estaba dividido en partes iguales. Se vaticina que ahora que el juez Neil Gorsuch se ha sumado a la Corte, habrá un desempate. Aun así los magistrados debatieron intensamente el martes al igual que lo hicieron cuando escucharon los argumentos por primera vez en noviembre.

El caso en cuestión es una demanda colectiva presentada por un grupo de inmigrantes que han permanecido detenidos por largo tiempo. Entre ellos hay algunos que están prisioneros por haber cometido delitos y otros que han pedido asilo. El tema a decidir es si los inmigrantes tienen derecho a una audiencia después de seis meses de detención.