La Audiencia de Múnich abrió el juicio contra el expresidente del fabricante alemán de automóviles Audi Rupert Stadler, acusado de fraude por su implicación en el escándalo de la manipulación de emisiones del grupo Volkswagen.

El exdirectivo, en un proceso que se prolongará hasta 2022, está acusado de un presunto delito de fraude, con falsedad en las certificaciones de los vehículos y publicidad ilegal. Se enfrenta a una pena de cárcel de hasta 10 años.

El juicio trata de esclarecer las responsabilidades dentro de Audi del escándalo de las emisiones que afectó a todo Volkswagen, el mayor fabricante de vehículos de Europa, grupo al que pertenece la marca de lujo alemana.

La fiscalía acusa a Stadler de haber tenido conocimiento de la manipulación al menos desde que se destapó el escándalo en Estados Unidos en septiembre de 2015 y haber autorizado, sin embargo, que se siguieran vendiendo modelos de Audi manipulados. El expresidente, por su parte, rechaza cualquier conocimiento o participación en el fraude.

También se sientan en el banquillo de los acusados otros tres ex altos cargos del fabricante de vehículos, entre ellos el exresponsable de Desarrollo de Motores de Audi hasta 2009, Wolfgang Hatz, que ha permanecido durante meses en prisión preventiva.

El juicio comienza cinco años después de que se descubriera el escándalo, que afecta a unos 11 millones de vehículos, y apenas unas semanas después de que se conociese el doble procesamiento del entonces presidente del grupo Volkswagen, Martin Winterkorn, por fraude y por manipulación de mercado.

En septiembre de 2015, las autoridades medioambientales de Estados Unidos acusaron al grupo Volkswagen de manipular las emisiones de distintos motores diésel para hacer ver que cumplían los límites de contaminación, en concreto, los niveles de óxidos de nitrógeno (NOx).

En los siguientes meses se destapó que 11 millones de vehículos del grupo contaban con un "software" ilegal que hacía que sus motores emitiesen por debajo de los límites pero sólo cuando se encontraban en un banco de pruebas. En carretera la contaminación era mucho mayor.

El "software" desconectaba los filtros del tubo de escape en muchas más ocasiones de lo legalmente permitido, logrando una mayor potencia en los vehículos, pero con un mayor coste medioambiental.

El escándalo derivó en múltiples causas judiciales para el fabricante. Diversas estimaciones apuntan a que el escándalo le ha costado ya a Volkswagen unos 32.000 millones de euros en multas, indemnizaciones y reparaciones.

Los clientes afectados, por un lado, exigieron compensaciones tanto a título individual como en grandes causas colectivas en diferentes jurisdicciones. Los accionistas, por su parte, denunciaron a la dirección por ocultarles información crítica para poder evaluar el precio de las acciones. Varios gobiernos forzaron al grupo a reparar los vehículos afectados.