Ciudad de México.- La Procuraduría General de la República internó en el Reclusorio Preventivo Norte a dos elementos de la Policía Federal Ministerial y a igual número de ex agentes de la institución, que presuntamente exigieron un millón de pesos a 15 mujeres extranjeras que permanecían retenidas en un inmueble de la colonia Nápoles, en la Ciudad de México.

El agente del Ministerio Público Federal descubrió que además de sus agentes Misael Rojas Vargas y Antonio Javier Rivera Narváez, en este presunto delito también están involucrados personas que laboraron en la PGR.

Se trata de Manuel Carmona y Manuel Villafuerte Frag, de quienes se sabe ingresaron al domicilio donde estaban retenidas las extranjeras, ante quienes se identificaron con credenciales de la PGR.

La Representación Social de la Federación localizó en su base de datos, que Carmona y Frag pertenecieron a la institución, pero causaron baja en 2007 y 2008, porque ya habían estado relacionados en delitos de extorsión.

Este jueves, a las 10:30 horas, se llevó a cabo la audiencia de control de detención ante la juez de control especializado en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Preventivo Norte.

El juez de control determinó la legal detención de los cuatro imputados y convocó a una audiencia para el próximo lunes a las siete de la noche, para resolver sobre la vinculación a proceso (para determinar si dicta o no auto de formal prisión como ocurre en el sistema tradicional).

Por tratarse de un delito grave (secuestro expreés con propósito de extorsión), se decretó la prisión preventiva oficiosa y fueron internados en esa cárcel.

El pasado miércoles, el visitador general de la PGR, César Alejandro Chávez Flores, reveló que los implicados exigieron un millón de pesos exigieron por la liberación de las 15 extranjeras.

El funcionario agregó que las mujeres de Venezuela, Colombia y Argentina, ingresaron legalmente al país, en calidad de turistas.

La PGR ejerció su facultad de atracción del caso y comprobó que el personal de su institución sí estuvo asignado a una investigación contra la trata de personas, pero el oficio que mostraron a los policías capitalinos había expirado hace cuatro semanas, es decir, no tenían motivo para estar en ese lugar.

Dejó claro que por el momento no hay algo que vincule a personal del Instituto Nacional de Migración en este asunto, luego de que los ex agentes, amenazaron a las mujeres con entregarlas con las autoridades migratorias si no pagaban el millón de pesos que se les exigió.