En algún momento será necesario volver al tema de la informalidad y reconocerlo como un problema estructural de nuestra economía. Se entiende y es perfectamente comprensible que, a raíz de la recesión económica, los esfuerzos gubernamentales y privados se hayan orientado a mitigar el impacto de la crisis derivada de la pandemia -y en nuestro caso particular además-, de las políticas gubernamentales que inhiben la inversión.

No obstante, conforme empieza a disiparse la recesión económica será obligado retomar el asunto, sobre todo a la luz de la experiencia que la reciente crisis nos dejó, en el sentido de lo difícil que es emprender programas de estímulo económico y protección del empleo para quienes se encuentran fuera de los umbrales de la formalidad.

Recientemente el Banco Mundial publicó un informe titulado The Long Shadow of Informality: Challenges and Policies, (La larga sombra de la informalidad: Desafíos y políticas). En este interesante estudio, el organismo internacional pone el dedo en la llaga al examinar el alcance de la informalidad y sus implicaciones para una recuperación económica que apoye un desarrollo ecológico, resiliente e inclusivo a largo plazo.

Dos ideas llaman poderosamente la atención para recordar lo delicado de este tema. Por una parte, concluye que en los llamados países emergentes la informalidad representa cerca del 70 por ciento del empleo total y aproximadamente una tercera parte del PIB, situación que limita seriamente la capacidad de estas naciones para movilizar los recursos fiscales necesarios para apuntalar la economía durante una crisis.

Dado lo anterior, el Banco Mundial sugiere que dicho escenario implicará un desafío que probablemente frenará la recuperación de estas economías, a menos que los gobiernos implementen un conjunto integral de políticas que permitan abordar los problemas de la economía informal. Para ello propone cinco grandes líneas de acción:

1. Asumir una visión integral, reconociendo que la informalidad es producto de condiciones de un subdesarrollo generalizado y que no puede solucionarse con esfuerzos aislados.

2. Reconocer las circunstancias específicas de cada país, dado que las causas de la informalidad varían considerablemente y por ello se deberán aplicar medidas diferenciadas.

3. Ampliar y profundizar el acceso a la educación, a los mercados y los recursos financieros disponibles para el sector informal y de esta manera le permita ser lo suficientemente productivo y contar con incentivos para transitar al sector formal.

4. Mejorar el clima para los negocios, de manera que el sector formal pueda prosperar.

5. Simplificar las regulaciones fiscales para reducir el costo de operar formalmente e inhibir la decisión de operar en la informalidad.

Aunque dichas recomendaciones ya han sido ampliamente abordadas y discutidas anteriormente, el mérito radica en situar el tema en la agenda política, aun y cuando se entienda que ello requiere mucha voluntad política, que en el caso de nuestro país no se ven ni remotamente las condiciones para ello.