Estamos ante una oportunidad inédita para aprovechar el acceso a la información como herramienta para mejorar nuestra democracia: los comicios de 2018. No solo se trata de una de las elecciones más importantes de los últimos tiempos, también, por primera vez, se cuenta con una cantidad de información cuyo análisis puede inclinar la balanza hacia uno u otro partido en la contienda.

 

Como resultado de las reformas en transparencia de 2014 y la expedición de la Ley General respectiva, se extendió el abanico de entidades que deben rendir cuentas, y entre ellos están ahora los partidos políticos. Eso representa un “cambio de juego” del cual urge cobrar mayor conciencia para usarlo inteligentemente a favor de una mejor toma de decisiones en los temas que como sociedad nos parezcan relevantes.

 

Los partidos políticos están ahora obligados a reportar una treintena de fracciones específicas, además de las 48 comunes a todos los sujetos obligados. Es meritorio exigir su disponibilidad por más de una razón. Recientemente analizamos en el Inai un caso que así lo hacía ya. Un ciudadano solicitaba a una de estas entidades diversa información, entre ella, el número de mujeres militantes que tiene en el estado de Oaxaca. La información fue entregada, pero de manera incompleta, justamente faltaba la referente a las mujeres afiliadas en dicho estado.

 

Una de las nuevas obligaciones que tiene por ley un partido es publicar su padrón de afiliados. Pero la solicitud, leída con atención, ilustra algo relevante, incluso más allá de la necesidad de cumplir en términos generales con esta obligación de transparencia, para la cual en el INAI ya hemos instruido a dicha entidad a realizar una búsqueda más exhaustiva de los datos y hacerlos públicos. Me refiero a su nivel de granulación. El solicitante pregunta por el padrón de “mujeres” militantes, hecho que, por ejemplo, quizá nos permitiría ser más críticos cuando los partidos tomen posturas sobre temas de paridad. Y más allá, solicita el padrón de mujeres militantes “en Oaxaca”, estado donde se han ido generando condiciones de igualdad para un pleno ejercicio de derechos políticos y electorales, al grado de que, en las pasadas elecciones, 50.12% de las candidaturas a diputaciones fueron mujeres y que trajo como resultado que 45% de las curules sean ocupadas por miembros de ese sexo.

 

Queda claro, el acceso a la información nos ha empoderado como sociedad y estamos ante una ocasión singular para aprovecharlo. 

 

Podemos ahora ser sujetos más proactivos; exigir, de maneras directas o creativas, la rendición puntual de cuentas en aspectos nunca antes explorados y elevar con ello el nivel de debate público. Con la información disponible y exigible podemos ahora leer y analizar más allá de la guerra sucia de spots y los mensajes demagógicos. Los medios mismos pueden escapar de la trampa de los escándalos y la inmediatez, o cambiar el foco de atención que se encuentra apuntado solo hacia los postulantes, y dirigirlo a temas de interés social. A los propios partidos políticos, cumplir con sus obligaciones de transparencia les permite elaborar nuevas argumentaciones en sus plataformas de campañas y confrontarse en una interesante arena de datos y fondos. Al final, una sociedad informada es una sociedad que exige, y exigir, mejora la democracia.

 

Con esta colaboración cierro el año, por lo que quisiera aprovecharla para agradecer a aquellos que han leído y compartido estas reflexiones críticas del trabajo en materia de acceso a la información y protección de datos personales. Son parte de mis deseos para 2018 el que, desde donde nos toque participar, encontremos oportunidades para ejercer y defender nuestros derechos. Felices fiestas.