En días pasados, el discurso político y económico empezó a centrarse en un sólo tema: el rompimiento del pacto federal. Lo que se sabe es que un grupo de 10 gobernadores (Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Aguascalientes, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco y Michoacán) han amenazado con la terminación del pacto que da origen a la República, aunque por motivos de precisión no se ha clarificado si es sólo en lo fiscal o va más allá. Su argumento es que la distribución de los recursos federales no es congruente ni justa en función de los impuestos que generan cada uno de los respectivos estados participantes en la discrepancia.

La perspectiva político-electoral es la que priva actualmente en este asunto, más que la económica. Datos no se han presentado, sólo argumentos por ambas partes, el Presidente y el secretario de Hacienda, por el lado federal, y los diez gobernadores por el bando contrario. En un primer acercamiento es necesario analizar las posiciones que se tienen, no para determinar un “ganador”, sino para entender la problemática de fondo que da lugar a este extraño conflicto.

El punto de partida de la disputa está en la fórmula de asignación de las participaciones federales. Sin entrar a detalle, la fórmula contempla un principio de equidad para darle a los estados que menos tienen, mayor apoyo. Los factores contemplados son pobreza y marginación, requerimientos de infraestructura y salud principalmente. Hay muchos otros componentes de la fórmula, pero estos cuatro ya tienen una alta representatividad en el total. Esta fórmula revisada por última vez en el año 2009 no contempla los cambios socioeconómicos de los últimos once años, ni tampoco las necesidades que cada estado pudiera tener en función de cambios derivados de catástrofes naturales, cambios en la industria y el empleo (como el caso de Campeche) y hasta poblacionales. El Producto Interno Bruto de 2018 de los 10 estados “aliancistas” representó el 33.39 por ciento y aportaron el 32.46 por ciento de los ingresos federales. En equilibrio podría decirse, pero el problema es que Michoacán, por citar sólo un ejemplo, hace caer este último indicador de manera importante.

El Presidente de la República ha decidido tomar un enfoque de centralización de recursos en su ejercicio del poder. Para el año 2021 se diseñaron 39 proyectos estratégicos de infraestructura. De los 10 estados miembros de la alianza federalista, sólo a seis les tocaron proyectos, siendo Nuevo León el más beneficiado con cuatro. Coahuila, Colima, Durango y Guanajuato no tendrán proyectos. Chihuahua y Jalisco sólo tendrán un proyecto cada uno y muy pequeños en relación con los otorgados a otros estados. El total de los proyectos suma 297 mil 344 millones de pesos. No es cualquier cosa, sobre todo cuando Coahuila, por ejemplo, requiere una modernización importante en infraestructura carretera y otras obras. Quitando a Nuevo León, los otros cinco estados que sí recibieron proyectos no suman ni el 10 por ciento del monto total. Es aquí donde entra el “sospechosismo” que tanto ha molestado a los gobernadores aliancistas: no hay dinero para salud, tampoco para obras ni tampoco para ayudas vía fideicomisos. Pero otros estados sí reciben y mucho, y parece que sólo el sureste (un club muy selecto) tiene derecho, cuando en términos económicos son estados que generan muy poco, bastante menos de lo que reciben. Allí están los casos de Chiapas, con un gobernador a la orden del Presidente; Nayarit, el más beneficiado y morenista, pero quebrado, que apenas reinició sus pagos a proveedores y trabajadores.

La molestia es grande porque hay evidencia de que, si no se está a favor de las decisiones presidenciales, hay represalias vía asignación de recursos. Puede ser coincidencia, pero en época de efervescencia política todo es susceptible de interpretación. Y es precisamente este tema el que puede explicar todo mucho mejor.

Legalmente es complicada de llevar a cabo esa amenaza “separatista” de los gobernadores porque no hay una base para sostenerla; es más, algunos de los gobernadores tienen un pasado que los vincula con la formulación de la estrategia de repartición fiscal de 2009. Además, en sexenios anteriores se actuó de la misma forma, por lo que la vía moral estaría descartada. Lo que queda claro es que al Presidente le están aplicando los gobernadores de la alianza la misma estrategia política que él aplica. Coahuila con la victoria política actual, teniendo a todos los diputados a su favor, podrá diseñar hasta encuestas para pasar leyes a modo para el gobierno. No habrá oposición en realidad. Sólo habrá voces aisladas en contra, posiblemente, como las que él escucha.

El año que viene habrá unas elecciones que serán de gran importancia para el proyecto de la 4T, la elección de diputados, algunos gobernadores y presidentes municipales, que pondrán en evidencia verdaderamente la popularidad del Presidente o de su partido. En una primera evaluación de las elecciones de Coahuila e Hidalgo, el resultado fue negativo. Si bien Morena quedó establecida como la segunda fuerza política en estos estados, no fue suficiente para lo que se esperaba.

La problemática separatista actual deriva de la combinación de la duda política y la asignación económica mal percibida. No hay datos para definir claramente quién tiene la razón. Lo único que sí queda bien establecido es que nadie quiere la situación actual y menos un conflicto adicional a los que ya existen. Tristemente hoy no hay otros datos para concluir.

Profesor de  Tiempo Completo Facultad de Economía,  UADEC