El título del boletín de prensa del Inegi núm. 286/16 del 15 de julio lo dice todo: “El Inegi mejora la captación del ingreso de los hogares”, así de contundente y sin rodeos.

Para Mover a México, no fueron las políticas públicas de combate a la pobreza ni las reformas estructurales fallidas ni la privatización de Pemex sino en el cambio unilateral de la perspectiva estadística que ha logrado lo impensable, al sacar de la pobreza a miles de mexicanos en tan sólo un año, todo través de una simple encuesta.

Para el Inegi, ahora el ingreso promedio de las familias mexicanas es de 45,888 pesos trimestrales. El Módulo de las condiciones socioeconómicas 2015 señala: “El ingreso promedio por hogar fue mayor en Nuevo León con $66,836, seguido por el Distrito Federal, Baja California Sur y Aguascalientes con $61,622, $61361 y $59,434, respectivamente. Las entidades federativas con menores ingresos pormedio por hogar al trimestre fueron Guerrero ($27,584), Oaxaca ($28,715), Chiapas ($29,648) y Veracruz ($31,328)”.

El Inegi no explica cómo es que las familias mexicanas más pobres pasaron de la subsistencia a ganar más de 8 mil pesos al mes en tan sólo un año, en plena recesión económica, que implicó recortes al gasto social y a la inversión pública.

De dónde salió la iniciativa para que el Inegi, un órgano autónomo que a través de los años había venido ganando prestigio, cambiara de manera arbitraria, precipitada y en total opacidad, los criterios metodológicos sobre la captación del ingreso en los hogares. Por qué eludió realizar consultas necesarias y la colaboración con las instituciones responsables de realizar las mediciones de la pobreza como el Coneval.

De inmediato, este consejo cuestionó los resultados porque no son congruentes con la tendencia histórica y con otras variables económicas; asimismo, cuestionó el proceso mismo para la obtención de los datos por la falta de transparencia y planeación, y la inexistencia de documentos públicos de carácter técnico que lo justifiquen. Además, alerta de la ruptura en la evolución histórica de las mediciones de la pobreza, que en los hechos significa un borrón y cuenta nueva.

Lo que el Inegi anunció con bombo y platillo como un gran logro, casi un cambio de paradigma, genera más dudas que certezas; en cambio, parece ser un traje hecho a la medida del gobierno federal, tan necesitado de legitimidad, que así de pronto, recibe maquillaje urgente para disimular la fealdad que a diario asoma de manera violenta en todos los rincones del País.

No en balde, el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, responsable de coordinar las políticas públicas de combate a la pobreza, salió a defender al Inegi –como si su fuera vocero– contra los señalamientos del Coneval y de diversos especialistas, argumentando que los cambios eran necesarios, en sintonía con la escueta justificación que se da en el boletín del Instituto.

Los expertos dicen que mientras sigamos pensando a la pobreza como elemento de manipulación electoral, difícilmente podremos salir de ella. Tampoco ayuda negar su existencia si queremos mejorar el desarrollo del País.

El Inegi está obligado a trasparentar el proceso y a garantizar que todos los documentos que llevaron a estos resultados sean públicos y verificables. Sin embargo, con esta acción tan desaseada ya sembró el germen de la duda, tan difícil de erradicar.