Era previsible. Tras la declaración de “emergencia sanitaria” por parte del Consejo de Salubridad General, debido a la pandemia de COVID-19, a partir de la cual se ha ordenado a toda la población del País permanecer en sus casas por un mes, quedaba claro que las elecciones locales de Coahuila e Hidalgo no podrían desarrollarse como estaba previsto.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), como se informó en su oportunidad, ya había discutido abiertamente el tema la semana anterior y, aunque no tomó ninguna decisión en ese momento, sí consultó a las autoridades sanitarias sobre la viabilidad real para desarrollar las siguientes etapas del proceso electoral en marcha.

Desde el viernes pasado se adelantó que, en opinión del secretario de Salud, “difícilmente podrían llevarse a cabo adecuadamente esas etapas” particularmente la relativa a las campañas, pues el momento en el cual arrancarían, 25 de abril, “es cuando las autoridades de salud están contemplando que ocurra el periodo en el que el principal objetivo será el aplanamiento de la curva de crecimiento de contagios”.

De acuerdo con la información que trascendió ayer, los integrantes del Consejo General del INE decidieron no esperar a que fuera el Consejo de Salubridad General quien tomara la decisión y por ello votarán hoy el acuerdo para pausar la elección de la próxima Legislatura coahuilense.

No por previsible –dadas las circunstancias– deja de ser inédito el hecho, así como las consecuencias políticas y jurídicas que tiene. No existe registro de un suceso como este, en tiempos de paz, en la historia moderna del País.

Las implicaciones son múltiples y demandan de los actores políticos, así como de las autoridades, acopio de prudencia y profesionalismo para no convertir a un hecho contingente en una crisis institucional.

Aplazar una elección nunca es deseable, porque implica trastocar la forma en la cual los ciudadanos tomamos decisiones trascendentales para la vida en sociedad. Pero esta vez resulta obligado y, tras la resolución, lo importante es actuar con sensatez y sin sentido de oportunidad.

No estamos ante un hecho frívolo y, aunque en el caso de Coahuila la ventana de oportunidad es amplia, dado que la toma de protesta de los nuevos integrantes de la Legislatura estatal es hasta el primer día de enero del año próximo, las decisiones que deben adoptarse son delicadas.

Es de esperarse por ello que los actores políticos muestren altura de miras y no se entreguen –como suele ser su costumbre, por desgracia– a la especulación y el oportunismo, sino que se aboquen a construir los acuerdos que permitan retomar el calendario electoral en cuanto la contingencia sanitaria se disipe.

Porque lo que está en juego no es, de manera fundamental, el derecho a ser votados de aquellos que pretenden representarnos, sino el derecho de todos los ciudadanos a ejercer su derecho al voto y a la representación política en condiciones de legalidad y certeza.