La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló la multa de 197 millones de pesos a Morena por formar el fideicomiso para ayudar a los damnificados del pasado sismo del 19 de septiembre. De acuerdo con la autoridad electoral, la sola constitución de ese mecanismo bancario fue ilegal, pues no se reportó y fue una forma de financiamiento paralelo impedido por la ley.

Ciro Murayama, consejero y presidente de la Comisión de Fiscalización, detalló que al fideicomiso entraron 78 millones 818 mil 566 pesos, de los cuales, 44 millones fueron en efectivo, cifra superior a lo que permite la ley en materia de aportaciones en efectivo, de acuerdo con Reforma.

A su vez, dijo, ese dinero se depositó por personas desconocidas o personas morales. Incluso informó que del total de dinero que ingresó, 64 millones 481 mil 760 pesos fueron sacados a través de cheques de caja por parte de 56 operadores y militantes de Morena, quienes movieron el dinero en efectivo sin que se pudiera seguir el rastro.

Por tal razón, debido a que el órgano electoral no encontró que haya entrado dinero público, ni tampoco halló evidencia de que los recursos fueran destinados a campañas electorales, el dinero del fideicomiso no será tomado como gasto de campaña de Morena.

"En efecto no hay recursos públicos, la queja se presentó por un probable desvío de recursos de financiamiento público para gastos de campaña, nosotros revisamos la contabilidad del partido y de su financiamiento público no ingresó dinero al fideicomiso, es financiamiento de origen privado", expresó Murayama.

Cabe recordar que la investigación en torno al fideicomiso surgió a raíz de una denuncia del PRI, por posible desvío de recursos.

Murayama Rendón refirió que, aunque esa idea pueda ser laudable, los partidos no deben dar bienes o servicios a la población, pues eso sería considerado como una forma de dádiva.

Aunque el fideicomiso no será tomado como gasto de campaña de Morena, debido a que no se encontró que hayan parado a la campaña proselitista de algún candidato. Se dio vista al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a la Fepade y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que determinen lo conducente.