En 1960, el presidente Adolfo López Mateos nacionalizó la generación y distribución de la energía eléctrica, ésta no sólo como una mercancía más para negocios, sino como un bien y servicio estratégico para el crecimiento y desarrollo del país: que la energía llegara en tiempo y forma a todas las empresas del país, a un precio razonable para no incurrir en altos costos de producción y prestación de servicios; y a todos los hogares del país para contribuir al bienestar de las familias mexicanas.

Pero con la tutoría neoliberal –o imposición- del Fondo Monetario Internacional (Carta de Intención, 22-07-86) y del Banco Mundial, la privatización de las empresas paraestatales inició en el sexenio de Miguel de la Madrid y continuó en los siguientes gobiernos del PRI y del PAN.

Con la reforma salinista de 1992, en 1995 el presidente Zedillo abrió parcialmente la inversión privada en el sector otorgando concesiones como “productor independiente de energía” (PIE), para venta a la Comisión Federal de Electricidad, intención política para la creación de un mercado eléctrico en el que se incorporaran empresas nacionales y extranjeras.

Con argumentos de libre mercado, el Banco Mundial, en su informe de 1988 de la Estrategia de Asistencia al País (?), conminó al gobierno mexicano a privatizar los sectores eléctrico y petroquímico, como condición para otorgar ayuda económica y para ser garante de la inversión privada en nuestro país. Así, en 1999 inició la estrategia política para abrir el mercado eléctrico, con empresas filiales extranjeras, como Iberdrola, Gas Natural –con pésimo servicio y abusos-, Unión Fenosa y Repsol, entre otras.

Los gobiernos federales no esperaron, al tiempo, enfrentar contradicciones naturales del mercado, sino que ellos mismos crearon las distorsiones y establecieron reglas para favorecer a determinadas empresas, (privatización=corrupción).

El 26 de marzo pasado, Miguel Reyes, director general de CFE Energía y CFE Internacional, detalló que desde 2013 –inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto- los subsidios a las grandes empresas privadas de la industria eléctrica representan 471.2 mil millones de pesos: precios más altos en la compra de electricidad a PIEs y precios subsidiados (más bajos) a hogares y empresas; apoyos por menos entregas; riesgos cambiarios; entre otros.

Además, informó detalladamente que tres grandes corporativos (Oxxo de Femsa, Bimbo y Walmart) pagan 1.1 pesos promedio por kilowatt/hora (kW/h), mientras que los hogares pagan 2.3 pesos por el mismo concepto. El consumo promedio de las tiendas Oxxo es 7,807 kW/h y debería pagar 26,544 pesos, pero sólo eroga 14,052 pesos. 

El suministro de electricidad a través de líneas de transmisión de CFE se cobra a empresas privadas en 0.0284 pesos kW/h, pero el precio promedio internacional es de 0.0982 pesos kW/h, es decir subsidios y privilegios a cargo del erario. He ahí su libre mercado.

La Ley de la Industria Eléctrica enviada por el presidente López Obrador al Poder Legislativo (ya aprobada entraría en vigor el 10 de marzo) recuperaría soberanía energética sobre dicho recurso estratégico, con prioridad en generación de hidroeléctricas –que son limpias-, en segundo lugar las demás fósiles de CFE, tercero eólica y solar de empresas privadas y cuarto lugar de ciclo combinado también de propiedad privada; es decir, permite la participación de las empresas en esta industria, sólo que se eliminen subsidios y privilegios, para que paguen lo justo.

Sin embargo, al 31 de marzo los “jueces confeti” otorgaron 102 medidas cautelares para no aplicar la nueva ley ¡por que no favorece la concurrencia de mercado! También Organizaciones de la Sociedad Civil –incluida Greenpeace- rechazan este asunto de estricta justicia, por supuesto, también se opone la derecha política, académica y mediática.

Que ningún poder extranjero económico o político dicte las decisiones más importantes para el país. La lucha democrática por la soberanía energética recién inicia y la sociedad mexicana tendrá la última palabra.