TUXTLA GUTIÉRREZ.- Margarita, de 23 años, fue detenida la semana pasada por sustraer al niño tzotzil Dylan Esaú de un mercado de San Cristóbal de las Casas; en sus declaraciones, reconoció que raptó al menor en un intento de retener a su pareja, con quien había intentado, sin éxito, tener hijos.

Y aunque Margarita confesó su crimen, hay tres mujeres indígenas que siguen presas por este delito. A ellas, la Fiscalía las señala de operar una red de explotación infantil, de la que Dylan formaría parte.

La Colectiva Cereza exigió la libertad de estas tres mujeres presas en Chiapas y cuya familia fue desmantelada. La organización exigió la libertad de Josefa Sánchez Gómez, presa en la sección femenil del penal de San Cristóbal de Las Casas, así como la de María Hortensia Gómez Sánchez, Maribel Gómez Sántiz y Juana Montejo González, presas en el penal femenil de El Amate, en Cintalapa.

De igual forma, el regreso de los 23 niños que les fueron arrebatados, todos hijos de ellas y sus sobrinos. Y, además, exigieron justicia por la muerte de Adolfo Gómez Gómez, de 65 años, esposo de Josefa, padre de María Hortensia y suegro de Maribel y Juana, quien falleció en el penal del San Cristóbal de Las Casas en circunstancias aún no esclarecidas.

Adolfo Gómez fue detenido el 15 de julio en el centro de San Cristóbal de Las Casas por elementos de la FGE acusado de estar vinculado al plagio o secuestro de Dylan Esaú, raptado el 30 de junio en el mercado público donde su madre vendía frutas y verduras.

Tras la captura de Adolfo quien murió presuntamente torturado en el penal de San Cristóbal de Las Casas, llegaron hasta su domicilio donde vivía con su esposa, su hija, su yerno, sus dos nueras y sus dos hijos varones.

Como su yerno y sus dos hijos trabajaban fuera, estos no fueron capturados, pero la FGE se llevó primero a Adolfo y Josefa, y dos días después llegaron por María Hortensia, Maribel y Juana.

En tanto que Adolfo y su esposa Josefa fueron llevados al penal de San Cristóbal, las otras tres mujeres jóvenes fueron llevadas al penal de El Amate en San Cristóbal de Las Casas. Y los 23 niños que vivían en el mismo domicilio con sus madres, tías y sus abuelos, fueron trasladados a un albergue del DIF Estatal en Tuxtla Gutiérrez.

Adolfo murió en el penal, aunque la FGE dijo que fue por un presunto suicidio por ahorcamiento, su cuerpo tenía graves evidencias de que fue torturado.

Colectiva Cereza acusa a la FGE de cometer un "atropello flagrante" y violentar los derechos humanos de las mujeres acusadas de presunta trata de menores.

Dijo que a las mujeres les violaron el debido proceso, que fueron incomunicadas y que fueron víctimas de tortura psicológica para auto incriminarse de un delito que nunca cometieron.

Don Adolfo, su yerno y sus dos hijos con quienes compartían el mismo domicilio, eran vendedores de collares de ámbar y otras artesanías en las calles del centro de San Cristóbal de Las Casas, algunas veces los acompañaban los niños para no quedarse en casa.

Sin embargo, esto fue tomado por la FGE explotación laboral infantil y anunció haber desmantelado una supuesta red de trata de menores, cuando en realidad eso es totalmente falso.