La Fiscalía General del Estado puntualizó que en el reporte de la Universidad de Las América de Puebla no se contabilizaron otros datos de conclusión distintos a las sentencias.

En su respuesta institucional, la FGE apunta que se concluyeron 12 mil 236 casos terminaron en la averiguación previa por justicia restaurativa y perdón; 5 mil 439 fue por medios alternos y 386 están en proceso de sobreseimiento por reparación de daño. 

Además hubo 8 mil 824 carpetas de investigación por principio de oportunidad, otros 8 mil 436 asuntos concluidos en la determinación de no ejercicio de la acción penal y mil 266 causas penales con sentencias condenatorias en el sistema tradicional. 

“El nuevo sistema de justicia penal permite la conclusión de asuntos a través de los medios alternos determinados en la ley, sin que la observancia de los mismos, signifique la existencia de la impunidad”, respondió la fiscalía, que afirmó también que “no resulta acertado el contraste realizado entre los delitos denunciados contra aquellos en los que se dictó sentencia para determinar el índice de impunidad”. 

VANGUARDIA ayer publicó que según el Índice Global de Impunidad México (IGI-Mex) 2018, de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), el Estado era el cuarto lugar en las entidades con mayor grado de impunidad.

FALLA CAPACITACIÓN EN POLICÍAS: ABOGADO
El abogado Gerardo Pérez Pérez consideró que la capacitación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio ha sido prácticamente inexistente en la entidad, lo que ha traído problemas.

“El proceso de capacitación para los jueces, policías, peritos y todos los partícipes en el proceso fue malo lento e insuficiente. Se hizo de manera aleatoria, en Coahuila el sistema se implementó primero en Monclova, Saltillo, luego en la Región Norte y finalmente en la Región Laguna, una implementación que no fue adecuada porque faltó preparar al personal”, opinó.

Pérez Pérez acotó que es relativo medir la impunidad con los números del índice, también consideró que es preocupante que los resultados que se obtengan sean esos, pues con esto no tenemos referencia clara de que la actuación de las autoridades sea eficaz.

El experto recordó que el plazo para la implementación del Sistema de Justicia Penal se fijó en ocho años; sin embargo, la mayoría de las entidades, entre ellas Coahuila, se pusieron a trabajar hasta el sexto o séptimo año.

Uno de los propósitos de la implementación del Nuevo Sistema, explicó Pérez, fue reducir en lo posible los hechos de prisión preventiva; en el antiguo sistema existían cerca de 470 delitos que admitían este tipo de castigo.

En el Nuevo Sistema, los delitos de prisión preventiva oficiosa se redujeron a poco más de 20 y todos los demás admiten medida cautelar como el uso de brazalete, previsión de acercarse a un lugar determinado. 

Con información de Roxana Romero