El pasado 10 de septiembre se llevó a cabo el segundo y último “Taller de Aclaraciones” entre la Secretaría de Finanzas (Sefin) y las ocho instituciones de crédito interesadas en renegociar la deuda pública de Coahuila.

Dicho en otras palabras: entre los buitres y la carroña.

El 14 de agosto se había celebrado la primera reunión. Entonces asistieron los cinco acreedores actuales (Banorte-Interacciones, Multiva, BBVA Bancomer, HSBC y Banobras), además de Afirme, Santander y Monex. Estos últimos para ver qué pescan, desde luego.

Se trata del “proceso competitivo” SEFIN/SSIC/001/2018 para la contratación “de uno o varios financiamientos hasta por la cantidad de 37 mil millones de pesos”, mismos que serán destinados a “reestructura o refinanciamiento” de los créditos vigentes a largo plazo. El próximo 24 de septiembre presentarán y abrirán las propuestas y, a más tardar dos días después, habrá un fallo dependiendo del visto bueno que dé “Chávez Vargas”, despacho de asesores contratado.

¿Y qué ganamos con ello?, se preguntará usted.

Aquí viene lo interesante. La convocatoria del 30 de julio, firmada por el titular de Finanzas, Blas Flores Dávila, menciona que “los recursos del financiamiento podrán utilizarse para la constitución de los fondos de reserva que se determinen” ya que, como novedad, cada nuevo contrato contará con una garantía de pago individual.

Lo que no explica Sefin es, si, entre todos, sustituyen al fondo único que vació entre octubre y noviembre de 2017, es decir, a días de terminar su mandato, el exgobernador Rubén Moreira, y del cual no hemos tenido noticias de su recuperación a la fecha.

Me explico. En este mismo espacio escribí el 1 de abril que, en el mencionado Fondo de Reserva, había un saldo de 778 millones de pesos que se formó con abonos mensuales de 32 millones 416 mil 121 pesos durante dos años, como consta en el contrato F/1163 con Banco Invex denominado “Fideicomiso irrevocable de administración y medio de pago”. El documento fue constituido el 30 de septiembre de 2011 y posteriormente ratificado el 26 de junio de 2015, con la segunda reestructura de la deuda.

En resumen: el exmandatario solicitó y tomó 513 millones 480 mil pesos. Dispuso de dos terceras partes. Y no lo digo yo, sino Fitch Ratings, quien descubrió el caso el 27 de febrero del presente año.

A juzgar por Fitch, “cuatro de los acreedores que forman parte del fideicomiso maestro otorgaron dispensas por única ocasión para realizar la disposición de aproximadamente 66 por ciento del Fondo de Reserva correspondiente a cada uno de sus financiamientos”. Por su parte la calificadora HR Ratings identificó la misma situación: “entre noviembre y diciembre de 2017 el Estado obtuvo la dispensa de cuatro instituciones bancarias (Banobras, Banorte, Interacciones y Multiva) para liberar el Fondo de Reserva de los créditos. De acuerdo con la información proporcionada, se solicitó debido a las necesidades de liquidez que se presentaron al cierre del ejercicio”.

Y ahora, en lugar de aclarar el destino de dichos recursos, se pretende hacer lo de siempre: abrir un pozo para tapar otro.

CORTITA Y AL PIE

Si bien la intención de Gobierno del Estado –y no puede ser de otra forma– es contratar bajo la modalidad de tasa de interés variable, o lo que es lo mismo, ceñirse a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días (TIIE 28), ésta se ubica actualmente a 8.12 por ciento. Cuando se contrajo la mayor parte de la deuda, para dimensionar, estaba a 4.88 por ciento.

Dependemos, pues, del mercado. Y contra eso no hay renegociación que valga ni presupuesto que alcance para pagar intereses.

Así, como acreedores del 75 por ciento de la deuda, ya no seremos Coahuila de Zaragoza sino “Coahuila de Multiva y Grupo Financiero Banorte-Interacciones”.

LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS

Por lo demás, los propios bancos fueron quienes se hicieron de la vista gorda cuando Javier Villarreal y compañía les presentaron documentos falsos en 2010 para obtener dinero fresco. Los propios bancos fueron quienes autorizaron en 2015 créditos condicionados para actividades productivas cuando, en realidad, la administración los usó para tapar agujeros y cosas peores. Los propios bancos fueron quienes otorgaron la dispensa en 2017 para que Moreira II le metiese la mano al cajón del Fondo de Reserva.

Y ahora, pese a todo, estamos en sus manos. A lo que ellos dispongan.

¿Independencia? No de los bancos.

@luiscarlosplata