MÉXICO, D.F.- Entre 2010 y febrero de 2015, la Secretaría de la Función Pública (SFP) emitió 128 resoluciones sancionatorias contra diferentes burócratas, quienes incurrieron en alguna acción considerada como conflicto de interés, de acuerdo con datos presentados en una solicitud de información. Desde inhabilitaciones, que van de tres días a 20 años, y sanciones que pueden superar los 50 millones de pesos, son algunas de las consecuencias a las que se enfrentaron estos administrativos. 

El número de casos en los que la autoridad emitió una sanción es baja en comparación con el total de averiguaciones. Representa 8.3% de las mil 531 investigaciones que hubo en cinco años. Para Lourdes Morales, profesora asociada del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), no es de extrañarse que muchas de las indagatorias se pierdan en el camino. 

En su experiencia, esto ocurre posiblemente por tres factores: la debilidad normativa, una ley difusa en cuanto a sus definiciones y una fuerte complicidad entre funcionarios públicos y otros actores. 

De 2013 a inicios de 2015, la SFP y los diferentes Órganos Internos de Control impusieron 36 mil 097 sanciones, en las que se vieron envueltos 27 mil servidores públicos —un mismo funcionario puede recibir más de una sanción—. Las causas son variadas, pero la razón central fue por no presentar la declaración patrimonial correspondiente, según datos de la dependencia. 

Otra razón por las que se puede penalizar a un administrativo es el conflicto de interés. Mauricio Merino, académico del CIDE, asegura que hay varios puntos flacos en ese ámbito, por ejemplo, “la legislación actual le permite al funcionario eludir toda responsabilidad sobre ese tema y al requerir una acción directa del servidor público es muy difícil que se logre comprobar”, afirma el coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas (RCC). 

En el último lustro comenzaron, en promedio, 300 investigaciones anualmente, de acuerdo con el documento entregado por la SFP, para determinar si los burócratas incurrieron en conflicto de interés. 

Uno de los lineamentos que la Función Pública supervisa es que todos los administrativos deben “desempeñar su empleo, cargo o comisión, sin obtener o pretender beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que la ley otorga”. Otro de los puntos establece que deben excusarse de intervenir en la atención o trámite de un asunto en el cual tengan un interés personal, familiar o de negocios.

Quien no respete las normas incurrirá en conflicto de interés. 

Entre los reportes más conocidos está el de Sigrid Arzt Colunga, ex comisionada del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). 

La SFP determinó emitir una amonestación al comprobar que Colunga había presentado y votado recursos de revisión de solicitudes de información que ella misma había ingresado bajo otro nombre. 

Los programas sociales también están en este listado. En 2011, la SFP comprobó que cuatro funcionarias del programa Prospera incurrieron en conflicto de interés durante la administración del programa de combate a la pobreza. La sanción más baja fue una suspensión de 15 días, mientras que dos de las involucradas fueron inhabilitadas por 10 años. 

El organismo ha logrado identificar las principales faltas en las que caen los servidores públicos: obtener beneficios adicionales para familiares mediante su contratación, conseguir ganancias extra, mediante el cobro de cheques o retiros indebidos de cuentas de ahorro, no comprobar viáticos que se les entregan, combustible o comisiones. 

La más recurrente es “intervenir en la tramitación de asuntos para efectuar promociones o ascensos a sus familiares”, asegura el subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública, Javier Vargas Zempoaltécatl. 

El 2012 fue uno de los años en los que se presentaron más pesquisas. Se iniciaron 365 expedientes; en 38 casos se fijó una sanción sobre algún administrativo. Esta fue la cifra más alta que reportó la dependencia en los resultados entregados mediante la solicitud de información. Más de 20 instituciones engrosaron la lista. 

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), la Comisión Nacional Forestal (Conafor), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la Procuraduría General de la República (PGR) fueron los organismos que tuvieron en sus filas entre dos y ocho burócratas penalizados. 

El número bajó significativamente en 2014. En ese año la SFP comenzó 220 investigaciones, sólo siete tuvieron los elementos suficientes para emitir una sanción. Karina Pérez Velázquez, miembro del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), obtuvo la más alta: destitución e inhabilitación por 10 años y el pago de una multa por 64 mil pesos. 

La destitución es uno de los castigos que puede emitir el organismo. El funcionario es expulsado de la institución en la que trabaja, pero eso no le impide entrar en otro organismo gubernamental. Esta sanción, de acuerdo con la ley actual, aplica en diversos casos. Uno es cuando el administrativo no se excusa de intervenir, por motivo de su encargo, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga algún tipo de interés personal, familiar o de negocios. 

Una de las sanciones más severas es la inhabilitación, ya que en esa situación el funcionario sí queda impedido para trabajar en cualquier otra dependencia de gobierno. Esto se aplica cuando el servidor acepta dinero o bienes inmuebles por un precio inferior al que tienen en el mercado ordinario. Así como recibir donaciones, servicios, empleos o cargos que procedan de personas cuyas actividades profesionales o comerciales se encuentren vinculadas de algún modo con el burócrata. 

Los costos. En el reporte entregado por la SFP, una de las multas económicas más altas es la que recibió Sergio Antonio Mora Galaz, funcionario del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi). El castigo fue de 6 millones de pesos e inhabilitación por una década, lo cual le impide trabajar en otra institución de gobierno. 

Cuando un administrativo incurre en conflicto de interés las multas deben ser lo suficientemente severas para evitar que la conducta se repita, dice Merino. “La sanción más fuerte es inhabilitar al servidor y además le haces pagar una suma económica”, explica el investigador. “De esta forma sientas un precedente que inhiba estas conductas irregulares”, señala. 

De acuerdo con la experiencia del académico, con sanciones como la destitución no se logra mucho, porque simplemente “los corren de una oficina y después ya están en otra”. 

Vargas Zempoaltécatl asegura que las sanciones dependen mucho de las circunstancias de cada caso.

Desde el daño generado con la acción, las evidencias que se tengan, hasta los antecedentes del servidor público. 

“No es lo mismo el funcionario que por primera ocasión se le está llamando a procedimiento, a uno que ha sido reincidente”, dice el subsecretario de la SFP. 

Entre 2010 y febrero de 2015 la SFP emitió 11 resoluciones en las que la sanción incluía el pago de una multa. La más alta llegó a los 88 millones de pesos. 

Bansefi, Colegio de la Frontera Norte, el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, la Comisión Federal de Electricidad, el programa Prospera y el Instituto Nacional de las Mujeres fueron los organismos que contaron con algún funcionario acreedor a una multa económica. 

La más baja fue para Glenda Yazmín, de Prospera. La SFP le impuso el pago de casi 21 mil pesos por caer en conflicto de interés. 

Futuro incierto. La Secretaría de la Función Pública es uno de los organismos que se encarga de combatir la corrupción, mediante la investigación y sanción de administrativos por diversos delitos, que pueden ir desde la mala práctica hasta el conflicto de interés. Pero la supervivencia de esta oficina ha estado en duda desde 2012. 

Al inicio de su sexenio, el presidente Enrique Peña Nieto planteó desaparecer al órgano. En el presente, a pesar de la llegada de Virgilio Andrade como titular de la dependencia, no se sabe si será sustituida o ampliará sus funciones como parte del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Lourdes Morales afirma que las críticas que se han hecho hacia la SFP no buscan su desaparición, sino que se modifique para que funcione mejor. “No sólo hay que fortalecer el marco normativo, sino que hay que darle suficientes instrumentos a las instituciones para poder investigar bien los casos”, dice. 

Durante este año, la Función Pública tuvo un presupuesto de mil 483 millones 947 mil pesos, un aumento de 5 millones, en comparación con los recursos de 2014. 

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación, la SFP contó con 49 millones de pesos para el pago de salarios. Para la inhibición y sanción de las práctica de corrupción se destinaron 254 millones 932 mil 435 pesos. 

Penalización al por mayor ¿Cómo resumir el conflicto de interés? Es cuando “un servidor público, con motivo de su empleo, cargo o comisión, actúa de manera imparcial y esto se traduce en la obtención de algún beneficio, derivado de algún interés personal, familiar o de negocios”, define Vargas Zempoaltécatl. 

Si se comprueba que un burócrata cae en este hecho es cuando llegan las sanciones. En 2012 se reportó el número más alto, de acuerdo con la respuesta que dio la SFP mediante una solicitud de información. En 38 investigaciones se impuso un castigo. En 13 de los casos los servidores fueron destituidos e inhabilitados por periodos desde tres meses hasta 10 años, como el caso de un empleado del Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes). 

En cuestión de multas económicas, sólo en 11 averiguaciones se determinó este castigo para el funcionario. En total, según el documento, se recaudaron 204 millones 455 mil 933 pesos, la mayoría expedidos entre 2011 y 2012. 

Con el objetivo de cumplir con estas pesquisas, el organismo puede recurrir a cualquier otra institución para obtener información que le ayude a comprobar el conflicto de interés. El único freno que tienen es el referente al secreto bancario, el fiscal o ciertas situaciones de datos personales, señala el subsecretario Vargas Zempoaltécatl. 

Los organismos que encabezaron la lista de sanciones son Fonatur, Pemex, Pronósticos para la Asistencia Pública, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Comisión Federal de Eletricidad, el programa Prospera, Instituto Nacional de la Economía Social, Conafor y el Instituto Politécnico Nacional. En el registro aparecen con más de cinco resoluciones sancionatorias emitidas contra trabajadores de su plantilla. 

¿Qué sigue? En mayo de este año se cumplió el plazo para que todos los servidores públicos presentaran, junto con su declaración patrimonial, su declaración relacionada con conflicto de interés, lo cual es visto como un pequeño avance por los expertos en la materia. 

De acuerdo con Mauricio Merino, este tipo de declaración tiene que realizarse con un objetivo de prevención, no ya que se está gestionando un puesto. 

“Cuando entras a una organización de nivel mundial, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), te piden que hagas una declaración de conflicto de interés y es información que está desde un inicio en el expediente de cada funcionario”, dice Merino. 

Vargas Zempoaltécatl puntualiza que lo más importante es materializar la reforma constitucional que está en proceso. En especial la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley General que establece las bases para el Sistema Nacional Anticorrupción. 

“Ahí es donde se va a tener que desarrollar e ir más allá de lo que al día de hoy en seis fracciones tenemos en México. No hay más. Hasta ahora es lo único que tenemos como autoridad. Nosotros nos regimos por el principio de legalidad y no podemos ir más allá de lo que prevén estos seis supuestos”, declara el subsecretario de la SFP. 

Con información de Daniela Guazo