A cuatro meses de que se cumpla el plazo de un año para que tengan listas sus normas anticorrupción, ocho estados de la República, no han reformado su Constitución y promulgado su Ley en la materia.
 
En el caso de Coahuila, este día en Saltillo se celebró la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y la instalación de una Mesa de Trabajo con los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como el Consejo Cívico de las Instituciones, que apoyará y supervisará el sistema.
 
Al respecto el gobernador Rubén Moreira Valdez dijo que el reto será dejar en funcionamiento y con recursos económicos para su sostenimiento, el Sistema Estatal Anticorrupción.
 
El Mandatario coahuilense detalló que para el mes de julio próximo deberá quedar instalado y en funcionamiento el Sistema Estatal Anticorrupción, que estará integrado por legislación vigente, un Comité Ciudadano, una Fiscalía y un Tribunal Administrativo.
 
Por su parte, en la Ciudad de México organizaciones de la sociedad civil advirtieron en conferencia de prensa, que los estados que todavía no modifican su carta magna –primer paso para iniciar el proceso de la creación del Sistema Local Anticorrupción (SLA)- son Campeche, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Tabasco y Tamaulipas.

En contraparte, hasta el momento Chiapas y Nayarit son las únicas entidades que de manera satisfactoria han hecho una reforma constitucional y emitieron una norma anticorrupción.

“La reforma constitucional por la que se creó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), explicó Max Kaiser, director Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), estableció un plazo de un año, que se cumple el 18 de julio próximo, para que los estados cuenten con una estructura y facultades equivalentes”, establece la información publicada en internet.

El IMCO, junto con Transparencia Mexicana y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), añadió, crearon el "Semáforo Anticorrupción" para monitorear los Sistemas Locales Anticorrupción.

Con base en este estudio, informó  a los representantes de los medios de comunicación, es que determinaron de qué manera cada estado está adoptando el SNA y han encontrado algunos casos preocupantes como el de Jalisco y Morelos.

En el caso de Jalisco, explicó, realizó una reforma incompleta al no crear un nuevo régimen de responsabilidades administrativas ni reformaron su Tribunal de Justicia Administrativa.

"Morelos es el estado con el riesgo de inconstitucionalidad más alto de todos”, señaló. “El Comité de Participación Ciudadana lo elige el Congreso del Estado, contrario al objetivo de la reforma anticorrupción federal y al modelo de elección impuesto por el SNA, (en el que una Comisión Ciudadana los elige)".

Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, dijo que si bien los estados están todavía a tiempo para realizar sus reformas legislativas, es necesario que aceleren sus procesos para que no incurran en un incumplimiento.

"Lo primero que hay que recordar es que es un mandato de Ley, que se tiene que crear antes de julio de este año los 32 sistemas estatales, que se tienen que ajustar las constituciones estatales y crear leyes especiales para este propósito y que si se alejan de lo dispuesto por el texto constitucional enfrentan la posibilidad de acciones de inconstitucionalidad por parte de autoridades diversas", advirtió. 

Con información de Édgar González y Reforma