A despecho de lo que muchos consideran deseable, el retorno del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República ha estado marcado por una tendencia al centralismo que se refleja en la creación y puesta en vigor de diversas leyes según las cuales las entidades de la República deben sujetarse a normas centralizadas y/o a las resoluciones administrativas de órganos de carácter “nacional”.

Las comillas son indispensables al señalar el carácter “nacional” de las normas e instituciones creadas en los últimos años en México, porque se trata de fórmulas centralizadoras que no respetan el esquema federalizado de nuestra nación.

Se ha argumentado, por supuesto, que la centralización es una fórmula por la cual se ha optado porque se considera más eficaz y, en teoría, sirve mejor al propósito de garantizar los derechos de los ciudadanos.

Una de las áreas en las cuales se ha instrumentado dicha estrategia es la del acceso a la información pública y la protección de datos personales. Y para ello se creó un organismo “nacional” que no solamente atiende y resuelve lo relativo a las obligaciones que las instituciones del nivel federal tienen, sino que posee también facultades para “homogeneizar” la actuación de los órganos garantes del derecho a la información en las entidades federativas.

Como consecuencia de la centralización de las tareas relacionadas con el derecho a la información, se decidió crear un “portal único” mediante el cual se unificaran los procedimientos para que los ciudadanos de todo el País realicen sus solicitudes de acceso a la información y los sujetos obligados –del ámbito federal, estatal o municipal– respondan a dichos requerimientos.

A primera vista se trataba de una buena idea por múltiples razones: los ciudadanos no tendrían que acceder a múltiples plataformas para requerir información de cualquier ente público; las reglas serían las mismas para cualquier caso y la federación siempre tiene más recursos para diseñar, operar y mantener una solución tecnológica sofisticada.

Y es, sin duda, una buena idea aunque, resulta obligado decirlo, para ponerla en práctica no era indispensable centralizar las tareas relativas al derecho de acceso a la información.

El problema es que la solución no funcionó y la puesta en marcha del portal único es algo que seguimos esperando los mexicanos, aunque han transcurrido más de tres meses desde que fue puesto en marcha pero debió suspender sus operaciones debido a “problemas técnicos”.

Pese al elevadísimo presupuesto invertido en su diseño e instrumentación –unos 30 millones de pesos– el portal no ha logrado arrancar operaciones y, en buena medida, el derecho de acceso a la información de los ciudadanos se encuentra conculcado debido a las dificultades que implica hoy hacer una solicitud de información.

Por lo menos hasta ahora, el del INAI pareciera ser un buen ejemplo de cómo la centralización no necesariamente era la respuesta que necesitábamos.