Las cifras que contiene el reporte periodístico que publicamos en esta edición hablan por sí solas: para que los 1.75 millones de derechohabientes que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene en Coahuila puedan recibir atención adecuada sería necesario que se contrataran, de inmediato, más de 300 médicos especialistas y unos mil 250 trabajadores administrativos.

Estamos hablando de más de mil 500 empleados necesarios para procesar las necesidades elementales de un derecho constitucionalmente garantizado como lo es de acceso a la salud. Y ni siquiera estamos hablando de todos los ciudadanos de la entidad, sino solamente de aquéllos que tienen derecho a recibir atención médica en el IMSS.

Pero es que la crisis del sistema de salud pública nacional encuentra en el Seguro Social su caso más agudo porque, al menos en teoría, no habría razones para que dicha institución sufriera ningún tipo de déficit en sus capacidades de atención al público.

Pero lo cierto es que el IMSS atraviesa, desde hace años, por una grave crisis y el origen de la misma lo conocemos todos: la incapacidad de la dirigencia de su sindicato de entender que el régimen de privilegios que pactaron en su momento con el Gobierno, a partir de criterios políticos más que laborales, resulta hoy insostenible.

La ausencia de previsión para construir un fondo de pensiones generó, a lo largo de medio siglo, un boquete inmenso en las finanzas de la institución, boquete cuyo crecimiento sólo pudo ser frenado instrumentando una reforma jurídica que le impidiera al IMSS seguir contratando personal con base en las cláusulas del contrato colectivo de trabajo que tiene signado con su sindicato.

El tiempo transcurrido, sin embargo, no ha servido para que las posiciones sindicales se moderen o para que se plantee la posibilidad de una salida negociada a la crisis que sea capaz de atender en forma integral el problema del esquema pensionario de la institución.

En los últimos meses, la institución incluso ha planteado a sus empleados que se encuentran en edad de jubilación que difieran su retiro durante cinco años a cambio de un incentivo económico importante que implicaría, en algunos casos, recibir un bono equivalente a dos años y medio de sueldo.

Pero el IMSS no tendría que hacer eso si pudiera contratar personal y ocupar las plazas que quedan vacantes debido a la jubilación de trabajadores que han llegado a la edad del retiro y que no tienen ningún incentivo para permanecer en la institución, sobre todo porque al jubilarse sus percepciones se incrementan de forma sustancial.

Diferir la jubilación será una medida que logre –tal vez– paliar la crisis que el IMSS tiene por falta de personal. Pero está lejos de ser la solución de fondo al problema. Y la única solución real será la modificación del contrato colectivo de trabajo, eliminando, al menos para los empleados que se contraten a partir de la enmienda, el régimen de retiro. De otra suerte, deberíamos tomar la decisión de cerrar el IMSS.