Los titulares de las comisiones de derechos humanos de los estados de Sonora, Baja California, Oaxaca, Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Quintana Roo y Zacatecas han sufrido agresiones que van desde amenazas de muerte, secuestros, robos violentos o incendio de vehículos, sustracción de documentos y hackeos a sus páginas de Internet.

Tras el homicidio de Silvestre de la Toba Camacho, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Baja California Sur, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, dijo que los ombudsman de Veracruz, Namiko Matzumoto Benítez; de Tamaulipas, José Martín García, y de Guerrero, Ramón Navarrete Magdaleno, han sido amenazados.

Navarrete Magdaleno informó que, tras el asesinato de De la Toba, la asamblea extraordinaria de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Defensores de Derechos Humanos, efectuada el jueves pasado en la Ciudad de México, acordó pedir a los gobernadores de nuestras entidades que se nos otorguen medidas cautelares.

La oscuridad del chayote

En entrevista, el presidente de la CEDH en Sonora, Raúl Arturo Ramírez Ramírez, reveló que desde 2010 en la comisión “no hemos dejado de sentir miedo; lo de menos han sido las campañas de desprestigio orquestadas desde lo más profundo de la oscuridad del chayote y la ignorancia; lo de más ha sido vivir en carne propia amenazas de muerte, coronas fúnebres en mi domicilio y oficina, el ver con impotencia el cómo allanaron las oficinas de la CEDH Sonora y se robaron cerebros informáticos y dejar una lápida sobre el escritorio del presidente; de igual forma hicieron explotar la unidad móvil de la CEDH hace ya casi un año.

“Embargaron el automóvil de presidencia (de la CEDH) con pretexto de una deuda civil, sin importar al Poder Judicial de Sonora que los bienes de la CEDH Sonora son inembargables. Hemos sido objeto de hackeos de cuentas de Facebook y de correos institucionales. Se han dictado medidas cautelares y no pasó nada.

“Sin embargo, nada se compara con ver morir a un compañero, como Silvestre de la Toba Camacho: ¿qué sigue o quién sigue? Lo hasta ahora relatado sigue en la impunidad, pues en el caso nuestro no hay ni un solo detenido; en el caso de Silvestre, tampoco. El único apoyo que he tenido es el del ombudsman nacional y de la federación de ombudsman; sin embargo, seguimos estando desprotegidos, vulnerables y con el alto honor de defender al pueblo.”

Dijo que en mayo de 2016 denunció ante la fiscalía de Sonora actos vandálicos en vehículos e intimidatorios contra la institución, acoso a su personal y él mismo, y aun ataque a la vida privada, luego de que personas identificadas en videos fotografiaron las placas y números de serie de los vehículos oficiales y de los funcionarios.

Este 2017, el visitador Aldo Saracco denunció la desaparición de su padre.

Claro desinterés

Arturo Peimbert Calvo, presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca (Ddhpo), acusó el abandono que sufren quienes se dedican a esta labor, ya que cada día padecen agresiones y él mismo amagos de muerte.

Indicó que que en julio pasado, tras salir de la Ddhpo, acompañado por una defensora y dos expertos en mapeo, una camioneta los siguió, luego se le sumó otro vehículo; el primero se le emparejó y con un una pistola tocaron su ventana haciéndolo detenerse; lo obligaron a descender de la unidad y lo pusieron de rodillas, le colocaron el arma en el rostro y con insultos le advirtieron que no se metiera más en el caso Nochixtlán, correspondiente al fallido desalojo ocurrido el 19 de junio de 2016 en el que fallecieron ocho personas.

Dijo que puso al tanto al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián; sin embargo, no pasó nada; también lo comentó con el ombudsman nacional González Pérez, e interpuso denuncias, pero hasta hoy no ha habido respuesta de la fiscalía del estado.

Refirió que el fiscal Rubén Vasconcelos Méndez ha mostrado un claro desinterés por atender y resolver los delitos que se han cometido contra defensores en el estado.

Señaló que los días 14 y 15 de noviembre dos defensoras fueron retenidas en la comunidad de San Juan Atepec, distrito de Ix­tlán, cuando acudieron verificar un caso de presuntas violaciones de derechos humanos contra un ciudadano; ahí sufrieron violencia sicológica y emocional por los habitantes, pero las autoridades nada hicieron y la denuncia interpuesta no ha avanzado.

El ombudsman de Guerrero, Ramón Navarrete Magdaleno, reconoció que la autoridad le ofreció seguridad: Fue directamente el gobernador Héctor Astudillo, quien me lo propuso.

Vía telefónica, Navarrete expuso que incluso desde hace un año le había notificado a González Pérez la situación de inseguridad en Guerrero; también lo comenté al Alto Comisionado de la ONU; en la actualidad contamos con un discreto equipo de seguridad.

Aceptó: En mi caso, no ha habido una amenaza frontal por parte de alguien, que lo haya hecho de manera directa. Mencionó que el año pasado personas extrañas se llevaron una camioneta y semanas después el gobierno estatal nos la repuso.

La presidenta de la CEDH en Baja California, Melba Adriana Olvera Rodríguez, confirmó que ha recibido intimidaciones y, aunque la CNDH ha ofrecido medidas cautelares, ella se ha negado a recibirlas.

La ombudsperson condenó y lamentó profundamente el asesinato de De la Toba y uno de sus hijos. “Atentar contra un ombudsman y a toda su familia es declarar que en Baja California Sur definitivamente parece que no hay estado de derecho”, aseveró.

En Chihuahua, el 11 de noviembre encapuchados atacaron con piedras la CEDH y dejaron cartulinas con advertencias contra José Luis Armendáriz González, titular del organismo, acusándolo de defender el matrimonio igualitario e interferir en temas de seguridad pública.

Armendáriz analiza interponer una denuncia ante la fiscalía estatal, aunque descartó solicitar medidas de protección; negó que existan más amagos contra su persona o contra funcionarios del organismo autónomo. La agresión fue grabada por las cámaras de seguridad del inmueble, hay un expediente con fotografías de quienes vandalizaron ventanas y muros.

La ombudsperson de Veracruz, Namiko Matzumoto, dijo que las amenazas no le han impedido desarollar su trabajo y que una sabe los riesgos que asume al aceptar este cargo. Agregó que no se atrevería a especular de dónde vienen esas advertencias, pues cualquier señalamiento que yo pudiera hacer, eventualmente, me podría en mayor riesgo.

Añadió que, aunque la federación no fue creada para ello, está comprometida con el apoyo a todos ombudsman.

Dijo que la CNDH, en cada caso de quienes han recibido intimidaciones ha sido muy solidaria y hemos recibido todo el apoyo. Una vez que Luis Raúl señaló que yo estaba entre los amenazados, el gobierno del estado se puso en contacto para ofrecerme las medidas de seguridad que se estimaran convenientes.

En esta entidad, visitadores de la CEDH prevén reforzar su seguridad personal, dijo Kira Olivares Torres, visitadora adjunta de la CEDH en el puerto de Veracruz.