Después de casi siete años de negociaciones, el 1 de julio los 139 países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos –economías avanzadas y emergentes con más del 42% del PIB mundial- lograron un acuerdo en cuanto a un impuesto global mínimo aplicado a poderosas multinacionales para que tributen en los países donde facturan sus ventas; el día 10 de julio el G20, grupo de las economías más grandes, secundaron el acuerdo; posteriormente los países con el mayor producto interno bruto del mundo (G7), celebraron la decisión.

El impulso a la propuesta provino de la administración del presidente Joe Biden, lo cual se observa positivo respecto a favorecer países donde las gigantes multinacionales venden sus bienes y servicios –aunque no tengan presencia física- y no sólo en los países donde registran su domicilio fiscal, generalmente en paraísos fiscales donde la tasa es reducida –o hasta cero- y con garantía de secreto bancario, como Irlanda, Hungría, Panamá o Islas Caimán. Son cien las empresas multinacionales más rentables con el 50% de ganancias mundiales, como Google, Amazon, Facebook, Apple, Netflix o el gigante petrolero BP. Según la OCDE, la cifra recaudada superaría los 150 mmdd.

El acuerdo es que las empresas que facturen 890 millones de dólares anuales en su base de actividad paguen el impuesto global de 15% mínimo, pero ésta no como tasa máxima que limite la captación impositiva de los gobiernos nacionales, para distribuir más equitativamente el derecho de gravar dichas ganancias de multinacionales.

El impuesto global buscaría la progresividad tributaria, que implica que aplicar tasa justa a quienes obtienen más ganancias, además no se duplicarían las aportaciones en diferentes países.

Los esquemas legales se analizarán en las instancias de discusión y aprobación legal de cada país, de tal manera que se prevé que el impuesto aplicaría a partir del año 2023, lo cual se aprecia como necesario y justo.

Para México, el 15% mínimo representaría 30 mil millones de pesos adicionales, lo cual, al mes de mayo de este año, supera los 21.7 mmdp del Impuesto Especial de Productos y Servicios a gasolinas y diésel; sin embargo esta cantidad sólo representa 0.5% adicional a los recursos recaudados presupuestados en este 2021. Lo anterior denota que, según la Secretaría de Hacienda, en el próximo año 2022 se discutirá en la Cámara de Diputados si la tasa de este impuesto global en nuestro país se ubica mínimamente en 20%.

La política fiscal impositiva es factor de distribución de la riqueza a través del gasto público en política social, asimismo como estrategia de impulso a la dinámica económica respecto al gasto en infraestructura productiva y oras estrategias.

Asunto de estricta justicia. La pandemia ha sido el tiempo de contener los perversos incentivos de los paraísos fiscales.